Pradales plantea a Sánchez diez medidas para mitigar el impacto de la guerra en empresas y hogares

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remitido una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que plantea la adopción de diez medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio en las empresas y en las familias vascas.

Según ha explicado, el decálogo recoge las propuestas trasladadas por las empresas que participaron en el Grupo de Defensa Industrial celebrado en Zamudio. 

Entre las propuestas remitidas al Gobierno español figura la eliminación del impuesto de generación eléctrica, así como una “drástica reducción” de los costes de los peajes del transporte y la distribución de gas y electricidad que pagan las empresas. Además, el lehendakari plantea rebajar del 21 % al 5 % el IVA de la factura eléctrica de las familias.

Pradales ha anunciado también que el Gobierno Vasco aprobará próximamente un primer paquete de medidas propias centradas en la financiación empresarial, el apoyo a la producción de las pymes y el refuerzo de la autonomía energética en Euskadi.

Carta conjunta con Canarias

Por otra parte, el lehendakari y el presidente de Canarias, Imanol Pradales y Fernando Clavijo, han solicitado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes o de un órgano similar para abordar las consecuencias de la guerra en Irán.

Ambos dirigentes han remitido una carta conjunta al Ejecutivo español en la que trasladan su “creciente preocupación” por los efectos económicos y sociales del actual contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto bélico de Estados Unidos e Israel en territorio de Irán.

Según explican en la misiva, la situación tiene un impacto directo en los mercados energéticos y puede afectar a la economía, al tejido productivo y a la ciudadanía. Por ello, piden que las administraciones analicen de forma conjunta el escenario y estudien medidas para mitigar sus efectos.

Los presidentes de ambas comunidades consideran necesario coordinar la respuesta institucional ante las posibles consecuencias económicas del conflicto, especialmente en un momento de incertidumbre en los precios de la energía y en el comercio internacional.