Los ertzainas denuncian la 'resistencia' de los ocupantes de Kukutza

Los cuatro ertzainas que han testificado hoy en el juicio por el desalojo en 2011 del edificio de Rekalde (Bilbao) donde se ubicada la asociación cultural Kukutza, han afirmado que se trató del desalojo "más duro y complicado" en el que han participado por la "resistencia, medios y organización" de sus ocupantes.

"Estaban embozados y nos lanzaron material pirotécnico, ladrillos, bloques de hormigón, rollos de tela asfáltica, pintura, agua...allí volaba de todo y, además, tenían bloqueados los accesos a las plantas con estructuras metálicas soldadas y un sistema de cámaras de vigilancia", según han relatado.

Hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio contra veintitrés jóvenes a los que la fiscalía acusa de un delito de usurpación de inmueble, por el que pide una multa para cada uno de 960 euros.

El Ministerio Público también pide para uno de ellos, Oscar A., una pena de tres años y un día de prisión por un delito de atentado a la autoridad ya que, presuntamente, arrojó un bloque de hormigón a los agentes, aunque no les causó daños.

Según ha explicado hoy un ertzaina, solo se ha podido acusar a este joven de un delito de atentado porque es el único al que se pudo identificar durante los incidentes, ya que un agente vio cómo se disponía a tirar el hormigón a un compañero y le disparó una pelota de goma que le hirió en una pierna.

Cabisa

Durante la jornada de hoy han testificado otras nueve personas, entre ellas el apoderado de la empresa Cabisa, propietaria del edificio, quien ha declarado que dicha constructora y promotora inmobiliaria compró el edificio en una subasta a un administrador concursal antes de que Kukutza entrara en el inmueble, lo que ocurrió en 1998.

Desde la fecha de la compra, Cabisa intentó desalojarlo en repetidas ocasiones y ya en 2011 recibió una carta de Kukutza pidiendo negociar, pero, según ha argumentado, en dicha carta "no había un interlocutor, ni una sociedad mercantil, ni una propuesta concreta".

Ha resaltado, no obstante, que la empresa no quería "ni comprar, ni alquilar" sino construir viviendas, y ha añadido que en este momento, tres años después del desalojo, están en el proceso de los trámites previos para iniciar las obras.

Ha asegurado también que la empresa se hizo cargo desde el principio del pago de los impuestos y seguros correspondientes por el inmueble, y que estaba "muy preocupada" por las posibles consecuencias que se pudieran derivar de la organización de eventos culturales en el local "sin ninguna medida de seguridad".

Testigos de la defensa

Entre los testigos de la defensa, han declarado el exconcejal de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, Txema Azkuenaga, quien ha relatado que el consistorio y Kukutza mantuvieron reuniones en 2011, semanas antes del desalojo, en las que se plantearon diferentes "figuras urbanísticas" para solucionar el problema de la ocupación del edificio.

También ha testificado el director de Cultura del Gobierno Vasco en 2011, Mikel Toral, quien escribió en su momento una carta de solidaridad con Kukutza y las actividades culturales que organizaba en el barrio de Rekalde, aunque hoy ha precisado que se refería a la oferta cultural y no a la situación en relación al inmueble.

Sobre este último punto ha dicho que el Ejecutivo carece de competencias al respecto y ha relatado que en algunas ciudades europeas han afrontado este mismo problema "desde un camino de arreglo".

Mañana se celebra la última sesión de este juicio con las calificaciones finales de la Fiscalía y los abogados defensores, que piden la absolución, y la lectura de los informes.