Piden la libertad plena para las 'Seis de la Suiza' tras obtener el tercer grado penitenciario
Decenas de personas han pedido este sábado la "libertad plena" de las sindicalistas asturianas conocidas como las ‘Seis de la Suiza’, que el pasado 10 de julio ingresaron en prisión para cumplir una pena individual de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de 150 000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón.
Ayer obtuvieron el tercer grado penitenciario y hoy, el grupo social de apoyo y el sindicato CNT, al que están vinculadas las condenadas, han expresado su satisfacción por la concesión del tercer grado, que han considerado "un avance conseguido gracias a la movilización", pero han anunciado que continuarán con las manifestaciones porque esa medida "no es suficiente”".
La portavoz del grupo de apoyo, denominado en asturiano 'Grupu sofitu 6 de la Suiza', Herminia González, ha declarado que estas personas "tienen que estar en la calle porque hicieron sindicalismo y no cometieron ningún delito" y ha reclamado al Gobierno que tramite con urgencia la petición de indulto solicitada por organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba "dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes" e insistió en que "el sindicalismo es un derecho, no un delito", de modo que "en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".
Díaz aprovechó una visita a Asturias el pasado 4 de julio para reunirse personalmente con estas seis personas y ya entonces dijo sentirse "escandalizada" por algo que "en democracia nunca ha pasado".
Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos el pasado miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país.
Protestas en Euskal Herria
El sindicato CNT también se ha movilizado este sábado es Bilbao y Donostia-San Sebastián, después de hacerlo también el viernes en Barakaldo y Pamplona.
En las concentraciones organizadas en Euskadi han participado organizaciones sindicales, movimientos sociales y políticos, además de 'konpartsakides' en Bilbao, en el caso de la capital vizcaína.
En un comunicado, CNT ha subrayado que "El paso al tercer grado de 'Las 6 de La Suiza' demuestra que cuando la clase trabajadora vuelve a tomar las calles para defender sus derechos siempre se pueden alcanzar objetivos. La desmovilización sólo asegura el fracaso. Sólo la lucha y la solidaridad nos permiten avanzar como clase".
Imagen de la protesta de este sábado en Gijón. Foto: EFE
El origen del conflicto
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza comenzó a sentirse mal, según se recoge en la sentencia. CNT explica que pidió a su jefe irse a casa, pero este se negó. La empleada, que estaba embarazada y temía perder al bebé, llamó a su pareja, que acudió al establecimiento y durante una discusión con el dueño estropeó uno de los frigoríficos de un manotazo. El propietario denunció al hombre por amenazas y daños en su local y la mujer se cogió una baja por riesgo de aborto.
Posteriormente, la empleada, que estaba de baja de maternidad, acudió a la CNT para que la ayudaran a negociar su despido porque no quería volver a trabajar en la pastelería. El sindicato pidió una indemnización de poco más de 6000 euros (en concepto de pago de horas extras, días de vacaciones, despido improcedente...) y la retirada de la denuncia contra la pareja, pero el propietario no aceptó.
La CNT organizó concentraciones frente a la pastelería. Según detalla la sentencia, la empleada "se concertó con los acusados para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia": la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual etc.
La sentencia, que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, considera que el propietario se vio obligado a cerrar el negocio por la presión y a cambiar de ciudad, con el consiguiente quebranto económico y psicológico por lo que les ha impuesto una indemnización de 150 000 euros, que ya se ha abonado en parte por el sindicato y gracias a conseguir fondos, según la CNT. Los sindicalistas aseguran, de todos modos, que la pastelería ya estaba en venta antes de que se sucedieran los hechos.
Los abogados de los condenados defienden que los hechos ocurrieron en 2016 y 2017 y que todos los encausados están en la actualidad insertados en la sociedad, tienen trabajo, familia, hijos y una vida que se va a ver interrumpida por el ingreso en prisión. El juez no tuvo en cuenta sus alegaciones y acordó su ingreso en prisión de manera inmediata. Ingresaron en prisión el 10 de julio.
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