Una familia de Errenteria se enfrenta a un desahucio, por error en la identificación de la madre

La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha alertado este jueves sobre la grave situación que atraviesa un matrimonio y su hijo de 10 años, quienes están al borde de ser desalojados de su vivienda de alquiler en Errenteria debido a una confusión de identidad entre la madre y otra persona con el mismo nombre y apellidos.

Rosa García, portavoz de esta organización, explicó en una rueda de prensa que un juez de San Sebastián ha rechazado reconocer la vulnerabilidad de esta familia, basándose en que la mujer confundida posee tres propiedades fuera del País Vasco, lo que ha influido en la decisión judicial.

En respuesta a esta situación, miembros de Stop Desahucios se han concentrado frente al Palacio de Justicia de San Sebastián para mostrar su apoyo a la familia. En este acto también han participado distintos dirigentes institucionales de EH Bildu, Sumar, Podemos y Ezker Anitza-EB.

García, explicó que el Juzgado de Primera Instancia número 5 rechazó el expediente de vulnerabilidad presentado por la familia, amparándose en el decreto que suspende desahucios para inquilinos vulnerables hasta fin de año. También se denegaron varios recursos, incluido uno ante la Audiencia Provincial, al no poder consignar la deuda, mientras los ingresos familiares se limitan al Salario Mínimo Vital, que asciende a 1.309,25 euros.

Toda esta situación, explicó García, se debe a la confusión generada por la identidad, que ha llevado a que la madre de esta familia no sea considerada vulnerable, debido a la supuesta existencia de propiedades a su nombre fuera de Euskadi.

El pasado 8 de julio, los afectados presentaron un último recurso ante el Tribunal Constitucional en Madrid, alegando "indefensión y discriminación por motivos económicos". Hasta ahora, se desconoce si esta acción logrará detener el lanzamiento previsto.

Ante el riesgo inminente de desalojo, Stop Desahucios ha solicitado al Ayuntamiento de Errenteria que actúe como mediador con los demandantes, Caixabank-BuildingCenter SAU, para que ellos pidan al juzgado la suspensión del lanzamiento y poder negociar una solución habitacional para esta familia que vive en un municipio declarado tensionado.

La trayectoria de esta familia se remonta a 2006, cuando firmaron una hipoteca de 245.373 euros para adquirir su vivienda. Según Stop Desahucios, tras la crisis económica, la familia no pudo seguir pagando y en 2018 acordaron una dación en pago con alquiler social con el banco, que, en ese momento, cedió la vivienda y la deuda a BuildingCenter SAU.

Durante la pandemia, los inquilinos dejaron de poder abonar el alquiler, lo que llevó a la presentación de una demanda de desahucio en 2021. Aunque inicialmente el desalojo fue suspendido amparándose en el decreto para inquilinos vulnerables, un nuevo juez ha revocado esa suspensión al basarse en la confusión sobre la identidad de la madre y las supuestas propiedades fuera de Euskadi.