PNV y PSE aprueban la ley de víctimas de abusos policiales

El Parlamento Vasco ha aprobado hoy con los votos de PNV y PSE-EE la ley autonómica que abre la puerta a la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos policiales cometidos en la CAV entre 1978 y 1999.

El debate sobre la norma vasca ha evidenciado las diferencias que suscita entre quienes la apoyan (PNV y PSE), quienes la ven insuficiente, como EH Bildu, que se ha abstenido, y quienes la consideran "insegura jurídicamente", como PP y UPyD, que se han opuesto porque creen que terminará "invalidada" e impugnada, lo que para los populares "frustrará las expectativas" de los colectivos afectados.

La ley aprobada es la continuación del camino emprendido en 2012 por el Gobierno Vasco de Patxi López para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha.

Primero lo hizo ofreciendo cobertura y apoyo a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos del período 1960-1978 y ahora se propone que sean tratadas de forma "justa y equitativa" quienes padecieron abusos similares hasta el año 1999.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha defendido que ésta es la mejor Ley "posible", y que ha sido elaborada desde una perspectiva de "pragmatismo" para ofrecer "garantías" y evitar "falsas expectativas".

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha recordado que la "inmensa mayoría" de los miembros de las Fuerzas de Seguridad han sido "respetuosos con el Estado de Derecho", y han desarrollado una labor "imprescindible" para acabar con ETA. No obstante, ha defendido la necesidad de atender a las víctimas de las fuerzas policiales, que aún no han sido reconocidas.

En representación de EH Bildu, Julen Arzuaga ha explicado que la Ley no le "gusta", ya que se queda "corta". Sin embargo, ha afirmado que su grupo ha optado por abstenerse y no impedir la aprobación del texto para evitar que estos damnificados sigan "esperando" a ser reconocidos y reparados.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha destacado que la Ley le genera muchas "dudas jurídicas", y ha lamentado que la forma en la que ha sido tramitada ha impedido "trabajar en serio" el texto.

Por parte de UPyD, Gorka Maneiro ha coincidido en criticar la falta de "seguridad jurídica" de la Ley, y ha acusado al PNV de cometer una "cacicada" al aprobar este texto "a marchas forzadas".

El Ministerio de Interior español, al conocer este proyecto de ley, ya advirtió de que algunos de sus preceptos vulneraban la Constitución y que la Comisión de Valoración -encargada de reconocer la condición de víctima- infringía "varias competencias exclusivas estatales", aunque posteriormente PNV y PSE introdujeron cambios que a su juicio dotan al texto de mayor seguridad jurídica.

La ley

El texto pretende dar respuesta a la situación de un colectivo de víctimas que "no han sido reconocidas ni reparadas" hasta la fecha, y cuya existencia, según constata la propia Ley, "ha quedado reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos".

En todo caso, la Ley rechaza que el reconocimiento de estas víctimas implique la "equiparación o justificación" de ninguna forma de violencia, ya sea la ejercida por las fuerzas policiales en el contexto de la lucha antiterrorista o la causada por las propias organizaciones terroristas.

El texto subraya que no pretende "menoscabar" el Estado de Derecho y las instituciones, sino "todo lo contrario", ya que pretende contribuir a su "reforzamiento" a través de "un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático".

La Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el entre 1978 y 1999 define cuáles son los casos que podrían acogerse a las medidas en ella contempladas.

De esa forma, señala que las vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere la Norma "deben haberse producido en un contexto de violencia de motivación política". Además, dichas acciones han debido llevarse a cabo por "personal funcionario público" o por "particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada".

El texto subraya que, como consecuencia de dichas actuaciones, las víctimas que deseen acogerse a las medidas de reparación han debido sufrir "afección" a su vida o integridad física, moral o sexual.

La ley excluye de forma expresa a las personas "que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta, incluso cuando con dichas actuaciones lo que se pretendiera fuera repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

El texto contempla la asignación de indemnizaciones a las personas a las que les sea reconocida su solicitud. Las ayudas son de 135.000 por fallecimiento, 390.000 por gran invalidez, 95.000 euros por incapacidad absoluta permanente, 45.000 euros por incapacidad permanente total y 35.000 euros por incapacidad permanente parcial.

En el caso de las lesiones permanentes de carácter no invalidante, el importe de la indemnización se calculará de acuerdo con las cuantías, multiplicadas por tres, de la normativa general aplicable a las indemnizaciones por lesiones.