El Gobierno español no recurrirá la ley municipal
Los gobiernos central y vasco han alcanzado un acuerdo que evita la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, conocida como ley municipal.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha dado a conocer este martes este acuerdo, después de que ayer mantuviese un encuentro privado en Vitoria-Gasteiz con la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saenz de Santamaría.
En la reunión de ayer ambos hablaron sobre el trabajo de la Comisión Bilateral, en la que las dos instituciones intentan acercar posturas para que no prosperen recursos contra cuatro leyes vascas, entre ellas, la ley municipal. En opinión de Erkoreka, el acuerdo es "importante", ya que "evitará la judicialización" de esta ley.
El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que se ha avanzado "en el acuerdo que puede encauzar definitivamente la interpretación pactada de 12 artículos" de la ley, como los que se refieren al uso del euskera en los ayuntamientos, la organización interna y publicidad activa de los acuerdos municipales y la participación ciudadana a través de consultas populares.
En este sentido, ha destacado que esta semana finaliza el plazo de interposición de dos de los cuatro recursos que se están negociando, como la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, cuyo plazo se agota el sábado, día 14, y la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, cuyo plazo expira un día antes, el viernes.
Sin acuerdo sobre la Ley de Adicciones
La Comisión Bilateral también recoge las negociaciones en torno a la Ley de Adicciones, la de víctimas policiales y la de Iniciativa Legislativa Popular.
En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, su portavoz ha lamentado también que por el momento no se ha logrado un acuerdo en torno a la Ley de Adicciones y ha apelado a intentar lograrlo antes de que acabe el plazo para presentar recurso, el próximo viernes.
Erkoreka ha indicado que en lo que se refiere a esta norma las posturas de los dos gobiernos "siguen muy distantes", en concreto, porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy "niega a Euskadi la capacidad de regular los clubes privados de consumidores de cannabis".
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