La CPDT denuncia 224 situaciones de 'agresiones, torturas y malos tratos' en España
Según el informe anual de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, durante el año pasado hubo 224 situaciones de agresiones, torturas y malos tratos por parte de funcionarios públicos sobre un total de 1.014 personas en el Estado español.
César Manzanos, profesor universitario y miembro de Salhaketa, ha presentado el informe en Vitoria-Gasteiz. Estos datos, según denuncia, son tan solo "la punta del iceberg".
Algunas denuncias no se han incluido en el informe por petición del afectado o porque no había suficiente información para documentarla. Además, hay una parte "importante" de casos que no se denuncia porque los afectados son migrantes o personas especialmente vulnerables.
Según explican en el informe, la CPDT entiende por "situación" a la circunstancia en la que la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado genera una acción calificable de "tortura", y como "persona afectada", a quien lo denuncia o reconoce tras haber sufrido esa actuación. Por ejemplo, durante una carga policial, varias personas pueden verse afectadas, pero si solo tres terminan denunciando los hechos, el informe lo recoge como "una situación y tres personas agredidas".
Este año se ha registrado un fuerte incremento de las denuncias por lo sucedido en el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, la primera comunidad autónoma tanto en número de situaciones recogidas (106) como el de personas afectadas (619), por delante de Madrid, con 21 situaciones y 102 afectados, y Ceuta con 8 casos y 117 afectados.
En cuanto a la Comunidad Autónoma Vasca, tan solo ha habido una situación y dos personas afectadas. Como ha explicado, Manzano no sabe si el volumen bajo se debe a que los protocolos de la Ertzaintza están funcionando correctamente o a que los casos no han salido a la luz pública.
Según las circunstancias de la persona perjudicada, 618 estuvieron inmersas en movilizaciones sociales, 287 eran migrantes y 59 internos en prisiones.
La coordinadora achaca el aumento de casos a migrantes a situaciones de "maltrato colectivo ocurridas" en algunos CIE a raíz de protestas de los recluidos.
Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía son los que más denuncias recibieron, con 82 situaciones y 551 personas, seguidos de la Guardia Civil, con 41 y 338, y los funcionarios de prisiones, con 57 y 58.
Además, en 2017 fallecieron 55 personas mientras se encontraban bajo custodia de funcionarios de prisiones (27), guardias civiles (10) y mossos d'esquadra (8).
En el informe se reconoce que algunas responden a accidentes inevitables, pero también se afirma que otras son fruto de negligencias, fallos en la salvaguarda del derecho a la salud o de malas condiciones higiénico sanitarias.
Entre 2004 y 2017, la CPDT ha recogido 3.602 situaciones en las que se vieron afectadas 9.085 personas.
Ha lamentado la cultura de "resignación" que existe en torno a esta materia, porque no hay una voluntad de los gobiernos españoles por erradicar la tortura y los malos tratos, y porque hay muchas veces una cierta "complicidad" en el sistema judicial. También ha denunciado la política de "ocultación de datos".
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