Caso fallida planta de purines
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El exalcalde del Valle de Carranza y un ex alto cargo del Gobierno Vasco, condenados

La Audiencia de Bizkaia considera culpables de la quiebra a los promotores de la sociedad que iba a construir la planta. Los seis fueron absueltos en primera instancia.
Ayuntamiento del Valle de Carranza. Foto: Bego Barrutia
El Ayuntamiento de la localidad vizcaína del Valle de Carranza. Foto: Bego Barrutia

La sección cuarta de la Audiencia de Bizkaia ha condenado al exalcalde de Valle de Carranza y a un alto cargo del Gobierno Vasco, además de otras cuatro personas, como responsables del concurso de acreedores de la sociedad (Karrantzako Minda SL) que iba a construir una planta de purines en ese municipio vizcaíno. A los seis les condena a dos años de inhabilitación y al pago, de forma solidaria, de entre 485.724 euros y 1.772.279 euros.

La resolución, hecha pública este viernes, ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao que en marzo de 2017 declaró "fortuito" el concurso de la fallida planta de purines del Valle de Carranza, cuya sociedad promotora creada con dinero público quebró tras lograr subvenciones por más de 10 millones de euros, sin llegar a terminar el proyecto.

El juzgado absolvió inicialmente a los promotores de esa planta que se proyectó para solucionar los residuos ganaderos en la localidad de Las Encartaciones, si bien la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado y el administrador concursal de la sociedad Karrantzako Minda.

Los condenados son seis administradores de la sociedad que iba a construir la planta, tres ganaderos y tres políticos: el exdirector de Innovación del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, Martín Ascacibar; el que fuera alcalde de Valle de Carranza, José Luis Portillo, y el exconcejal José Ignacio Muro, ambos también del PNV.

La Audiencia vizcaína ha reprochado ahora su actuación y ha declarado culpable el concurso de acreedores de la compañía y les condena a dos años de inhabilitación y pagar de manera solidaria entre 485.724 euros y 1.772.279 euros.

La resolución fija un plazo de 20 días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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