La cláusula de los honorarios de Argilagos era abusiva, según una testigo

El procedimiento que siguió el exalcalde de Getaria, Mariano Camio (PNV), al contratar al arquitecto cubano Julián Argilagos para hacerse cargo de la construcción del museo dedicado a Cristóbal Balenciaga en su villa natal no se ajustó a lo que suele ser "habitual" y la cláusula sobre sus emolumentos era "abusiva".

Esta es la afirmación que ha realizado este jueves la directora de Patrimonio de la Diputación de Gipuzkoa, Pilar Azurmendi, en el juicio que se celebra por esta causa en el Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián, por el que están procesado tanto Camio, para quien la Fiscalía pide ocho años de prisión, como Argilagos, aunque este último se encuentra en búsqueda y captura, además de Rolando Paciel, también arquitecto cubano.

En la tercera sesión de la vista oral, han declarado funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Getaria, así como Azurmendi, que se encargó de analizar la documentación de la gestión realizada por Camio como vicepresidente de la Fundación Balenciaga y gerente de la sociedad pública Berroeta Aldamar una vez que comenzaron las sospechas de irregularidades en el año 2007.

Lo que hasta ese momento había estado casi en exclusiva en manos de Camio empezó a ser mirado con lupa. Ese examen permitió que de descubrieran duplicidades de pagos por un mismo trabajo, de lo que Azurmendi dejó constancia en el correspondiente informe, aunque en su declaración de hoy no ha podido precisar algunas fechas y cifras dado el tiempo transcurrido.

Comprobaron que se había pagado a Argilagos, que se hizo cargo del proyecto sin mediar concurso público, por trabajos muy preliminares que estaba desarrollando también y mucho más exhaustivamente la ingeniería Eptisa-Cinsa, a la que se había contratado para abordar el proyecto de ejecución y la construcción del museo.

Azurmendi ha explicado que existía también un proyecto de interiorismo para el museo que estaba realizado a un nivel "tan básico" que resultaba insuficiente. Todo ello llevó a la rescisión del contrato con Argilagos, y también con Paciel, que supervisaba el trabajo en Getaria mientras el primero permanecía en Miami.

La responsable foral, arquitecta y funcionaria de carrera, ha dicho que el contrato que Camio había suscrito con Argilagos no es el "habitual" en el sector, ya que establecía una cláusula que preveía un aumento progresivo de sus emolumentos en función de los incrementos que experimentara el presupuesto, lo que considera "abusivo".

Ha dicho que "el precio debe ser cerrado" y que si en ocasiones se incrementa es porque se ha producido un imprevisto que ha aumentado la "complejidad" o "dificultad" de la obra, por lo que se puede requerir una subida expresa y posterior de los honorarios, lo que en este caso no ocurrió.

Azurmendi ha señalado que sí existió duplicidad en el caso de Argilagos, pues entiende que si su título de arquitecto no estaba homologado, lo que tendría que haber hecho era pagar con sus propios honorarios lo que él no podía hacer y por lo que se le había contratado.

Además, también se ha referido al cálculo de 800 millones de pesetas (4,5 millones de euros) que se hizo inicialmente sobre el proyecto de un museo que acabó costando 30 millones de euros.

Ha dicho que si el Palacio Aldamar -el edificio anexo- tiene 300 metros cuadrados por planta y se habían empleado 3,5 millones en su rehabilitación, "no parecía muy razonable" que el nuevo museo -la llamada fase II- con 8.000 metros cuadrados fuera a costar 4,5.

Los funcionarios y técnicos municipales han respondido al Ministerio Fiscal sobre una carpeta roja con el proyecto de interiorismo por el que Argilagos había recibido 129.000 euros y que, según la tesis de la acusación, Camio introdujo en 2008, tras su destitución, en el archivo del Ayuntamiento de Getaria, donde se depositan los proyectos ya finalizados, con posterioridad al pago de esa cantidad.

Según algunos de ellos, esa posibilidad existe, ya que al archivo se accede por una puerta que siempre tiene la llave puesta. Uno de los administrativos ha señalado, asimismo, que en ese espacio no hay carpetas de ese color.

La secretaria-interventora de entonces ha apuntado, además, que Camio pidió hacer unas fotocopias de unos planos de ese proyecto, para lo que le había autorizado el alcalde, y fue en ese momento cuando se percataron de que el mismo "no tenía registro de entrada".

También ha declarado el arquitecto municipal, quien ha manifestado que su labor se limitó a que se cumpliera la normativa, por lo que advirtió de que Argilagos no estaba colegiado y necesitaba una convalidación y que el "boceto" que había presentado se "excedía" a lo estipulado en las normas urbanísticas, tras lo cual éstas fueron modificadas.

Sí ha admitido que se desligó del proyecto porque le parecía "una cosa exagerada".