El Comité de DDHH de la ONU insta al Estado español a adaptar su definición del delito de tortura a los estándares internacionales

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido un informe en el que analiza las vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado español y señala los retos que debe afrontar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en base al Pacto Universal de Derechos Humanos. En este sentido, insta al Ejecutivo central a adaptar su definición del delito de tortura a los estándares internacionales, y lamenta que dicho delito prescriba a los 15 años, salvo en los casos que constituyan crímenes de lesa humanidad.

Este informe se presenta como respuesta a un escrito previamente presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria GEBehatokia, que subraya que “es un varapalo muy importante al Estado Español”, puesto que “visibiliza a las cerca de 6000 personas torturadas recogidas ya en informes oficiales, así como la necesidad de acceso a la verdad, reparación y justicia por parte de las víctimas del Estado”.

El Comité alienta al Estado español a “establecer un mecanismo adecuado y eficaz para conceder indemnizaciones económicas a las víctimas, a fin de garantizar su derecho a disponer de un recurso efectivo cuando se haya producido una violación del Pacto”. Igualmente, lo anima a continuar con sus esfuerzos para “promover el reconocimiento de responsabilidades, el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de personas desaparecidas, y la preservación de la memoria, incluyendo la adopción de todas las medidas necesarias”.

En este sentido, el Comité reclama un mecanismo independiente con competencias para investigar todas las denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ajustar la definición para que todos los delitos de tortura sean imprescriptibles, y que la grabación de interrogatorios aún no se aplica de manera sistemática.

Por su parte, GEBehatokia espera “pasos firmes” de cara a garantizar los “derechos de las víctimas de graves vulneraciones por parte del Estado”, y considera relevante que se afiance la posición de Naciones Unidas en torno a la imprescriptibilidad de la tortura y otros crímenes de lesa humanidad, “así como la necesidad de investigación y persecución sin disculpas a sus perpetradores, que ya ha definido en el caso del preso vasco Raúl Fuentes”.

En cualquier caso, el Comité de Derechos Humanos valora positivamente algunas medidas legislativas como la amnistía otorgada para “la normalización institucional, política y social en Cataluña” en 2024, los cambios efectuados en la ley del aborto en 2023 o las medidas establecidas para garantizar la libertad sexual en 2022. De igual modo, el Comité de Derechos Humanos reconoce el esfuerzo realizado para proteger a los menores y adolescentes frente a casos de violencia en la legislación de 2021, así como otras medidas adoptadas para fomentar la inclusión frente al racismo y la xenofobia.