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Araba censura la Ley Municipal porque 'se carga' competencias forales

De Andrés presentó ayer las alegaciones de la Diputación alavesa al anteproyecto de ley, que en sus palabras limita el papel de las diputaciones a una "mera agencia de cobro de impuestos".
El diputado general de Álava, Javier de Andrés. Arabako ahaldun nagusia Javier de Andres. EFE
El diputado general de Álava, Javier de Andrés. Arabako ahaldun nagusia Javier de Andres. EFE

El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), ha censurado el anteproyecto de Ley Municipal elaborado por el Gobierno Vasco porque, según ha dicho, se "carga" la capacidad decisoria de las entidades forales en materia de financiación local.

De Andrés presentó ayer las alegaciones de la Diputación alavesa al citado anteproyecto de ley, que en sus palabras limita el papel de las diputaciones a una "mera agencia de cobro de impuestos".

En concreto ha discrepado con la capacidad decisoria que el texto da a Eudel en el marco del Consejo Vasco de Finanzas, donde están también las tres diputaciones y el Gobierno Vasco, y que permite a la Asociación de Municipios Vascos tener voz y voto cuando les afecte la distribución de ingresos generados por tributos.

El diputado foral ha censurado que la presencia decisoria de los municipios recaiga en una asociación que no es elegida directamente por los ciudadanos, pero no ha querido desvelar cuál es la fórmula que la Diputación plantea.

Ha insistido en que el Consejo Vasco de Finanzas no tiene por qué decidir cómo se financian los ayuntamientos alaveses y ha asegurado que para eso ya están las Juntas Generales.

En opinión de De Andrés, el texto del anteproyecto de ley supone una pérdida competencial para las diputaciones en materia de distribución del dinero en las instituciones locales y también "diluye" el papel de las entidades forales en el Consejo Vasco de Finanzas.

La Diputación de Araba ha presentado 24 folios con sus alegaciones a diversos artículos de este anteproyecto que está previsto que sea aprobado en septiembre por el Consejo de Gobierno para su posterior remisión, en otoño, al Parlamento autonómico para su tramitación.

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