El Parlamento navarro aprueba un dictamen para prohibir el 'fracking'

El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con la abstención de UPN y el voto en contra del PP, un dictamen en relación con la ley por la que se prohíbe en el territorio foral la fractura hidráulica o fracking como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

El dictamen ha sido aprobado en la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, con los votos a favor de PSN/PSOE, impulsor de la ley, Bildu, NaBai e Izquierda-Ezkerra.

El proyecto de ley, que deberá ser aprobada ahora en pleno, tiene por objeto "prohibir en todo el territorio de la Comunidad Foral el uso de la fractura hidráulica o fracking, técnica empleada para la investigación y extracción de gas de esquisto o no convencional mediante la inyección de aditivos químicos".

La utilización de esa técnica tendrá la consideración de "infracción urbanística" con arreglo a lo previsto en la Ley Foral 35/2002, del 20 de diciembre, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Navarra.

La aplicación de la ley sería tanto a los permisos "ya concedidos o en tramitación", como a las solicitudes que se formulen a partir de su entrada en vigor, prevista para el día siguiente a su aprobación, según ha informado el Parlamento.

Los grupos han consensuado una enmienda in voce de modificación en la que se alude a los hidrocarburos no convencionales como aquellos que, "líquidos o gaseosos, se hallen atrapados en la roca madre y cuya permeabilidad sea inferior a 1 milidarcy así como a los que, aferrados en vetas de carbón o de hulla, no saldrían ni se desprenderían sin la inyección de grandes cantidades de agua a presión con aditivos químicos".

En la exposición de motivos de la ley, se apela a las dudas suscitadas por esta técnica desde los puntos de vista "sanitario y medioambiental" y a la "preocupación social" y a los riesgos que podría tener para la agricultura, la industria agroalimentaria y el turismo rural.

Por su parte, el Gobierno central ha remitido un proyecto de ley sobre esta materia a las Cortes, ligado al control medioambiental de esta técnica: propone someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos en los que se use dicha técnica, "simplificando y agilizando procedimientos y reduciendo plazos" de evaluación de dos años a cuatro meses.