París debate la ley que permite espiar de forma masiva a la población
La Asamblea Nacional francesa debate desde este lunes la controvertida ley que permitirá a la inteligencia gala espiar de forma masiva a la población con una simple autorización administrativa o incluso sin ella en caso de urgencia o riesgo inminente. La iniciativa, impulsada por el gobierno socialista y sobre todo por el primer ministro Manuel Valls, se presenta tres meses después del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo que costó la vida a 17 personas. Precisamente, Valls se excusa en el pujante terrorismo yihadista para dar "carta blanca" a los espías.
El proyecto de ley busca legalizar una serie de técnicas y procedimientos ya empleados por los servicios de inteligencia para vigilar las comunicaciones de personas sospechosas, tanto en Internet como en la red telefónica. Esto obligará a redes sociales, operadoras, motores de búsqueda o empresas que alojan datos, comunicar a los servicios secretos actividades sospechosas, que captarían automáticamente mediante el uso de cajas negras.
Con la nueva ley también se permitirá colocar micrófonos donde los servicios de inteligencia lo crean necesario, entrar en domicilios en situaciones excepcionales, acceder en tiempo real a ordenadores de sospechosos, o colocar aparatos de seguimiento en sus vehículos.
El proyecto de ley ha causado profundo malestar y rechazo entre las asociaciones de derechos humanos, judicatura, sindicatos y empresas de alojamiento web, que temen que su aprobación perder sus clientes . Ayer, decenas de personas se manifestaron ante la Asamblea.
"El proyecto de ley es muy vago, se corre el riesgo de abuso y nos arroja a una situación de vigilancia desproporcionada en la red", afirma Gauri van Gulik, director adjunto de Amnistía Internacional. Esta oposición, sin embargo, no ha tenido reflejo en el Parlamento, ya que apenas existe oposición o críticas en el seno de los partidos políticos. Así, el hemiciclo permaneció ayer casi semivacío.
El propio primer ministro Manuel Valls compareció ante el Parlamento para explicar las bondades de la reforma. Según defendió, la amenaza yihadista exigen "medidas excepcionales, pero no medidas de excepción" y criticó a los que comparan esta ley con la Patriot Act estadounidense (la ley aprobada tras los atentandos del 11S) .
Francia ha destinado alrededor de 425 millones de euros (448 millones dólares) para reclutar a miles de policías adicionales, espías e investigadores para reforzar la vigilancia y aumentar la seguridad nacional e inteligencia. Los servicios de inteligencia están monitorizando a más de 1.500 islamistas.
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