Pensionistas se reunirán en septiembre con la Fiscal para denunciar "negligencias"

El Movimiento de Pensionistas de Euskadi se reunirá el próximo 7 de septiembre con la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, para entregarle un informe. En él se recogen datos que, a su juicio, demuestran "las negligencias" cometidas en la residencias durante la pandemia del coronavirus, que habrían llevado al fallecimiento del 38 % de los usuarios.

El portavoz de Pentsionistak Araba, Antonio Armentia, ha destacado su preocupación por las personas mayores desde el inicio de la pandemia, al haber sido las afectadas "fundamentalmente". Por ello, han recopilado información al respecto en los tres territorios históricos de Euskadi.

Para ello, se han puesto en contacto con familiares de personas que se encuentran en residencias, con representantes del Departamento de Sanidad y de Bienestar Social, con las diputaciones forales y con trabajadores de los centros. El estudio recoge datos específicos de cada uno de los territorios y también informaciones comunes de la Comunidad Autónoma Vasca.

Este documento detalla que la pandemia ha afectado a mayores que se encontraban en residencias públicas y privadas, y ha supuesto un 38 % de fallecidos. Se refiere a personas que han muerto en los propios centros o, posteriormente, en las UCI de los hospitales.   

Asimismo, recuerda que, durante el coronavirus, han resultado afectados también los centros de día, que han sido clausurados, los servicios de ayuda domiciliaria, que "han funcionado cojos", y, sobre todo, "el personal sanitario y auxiliar, que ha estado "desprovisto de material de protección y al que se hizo "muy tarde" las pruebas de la Covid.

Confinamiento y aislamiento

Armentia ha subrayado, "en especial", el confinamiento y aislamiento de las personas mayores. Además, ha recordado que, en estos momentos, tampoco pueden salir de las residencias y solo les pueden visitar un familiar dos veces por semana. "Esto nos parece un atentado contra los derechos humanos", ha asegurado.

Por ello, el Movimiento de Pensionistas se dirigió al Ararteko, al que entregó el informe, que facilitará también a la Fiscalía Superior del País Vasco, que, según ha apuntado, lleva la investigación de la situación de las residencias, después de que la iniciara el ministerio público de Álava. "Ahora nos dirigimos a la Fiscalía para preguntar realmente qué se ha hecho", ha añadido.

En este sentido, ha remarcado que la función del ministerio público es defender los intereses de la sociedad en general y, por tanto, debe actuar en defensa de los derechos humanos, que los pensionistas creen que "se han vulnerado" en las residencias y con el confinamiento de los mayores.

Negligencias

Por su parte, el portavoz del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, Xabier Isasa, ha afirmado que su objetivo fundamental es que se investigue "la posibilidad de negligencias" en residencias o en otros ámbitos, que el colectivo que representa está convencido de que se han producido.

Por ello, ha emplazado a la Fiscalía a que realice las diligencias oportunas para confirmar si ha sido así y si pueden ser constitutivas de delito. "Creo que la información del informe está suficientemente contrastada y nosotros no nos vamos a aventurar a hacer acusaciones que no tengan fundamento", ha indicado.