El seguro contra los impagos del alquiler aprobado por el Gobierno Vasco cubrirá hasta 20 mensualidades

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno el programa Alokaplus, un seguro público y gratuito dirigido a propietarios (hasta cinco viviendas) que alquilen viviendas en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado.

El Ejecutivo pretende facilitar la salida al mercado de parte de las aproximadamente 25.000 viviendas vacías que calcula que existen en estas áreas, ofreciendo cobertura frente a impagos, facturas de suministros pendientes y desperfectos imputables al inquilino. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para aumentar la oferta de alquiler asequible y moderar los precios.

“Alokaplus nace para desbloquear viviendas allí donde hacen falta”, ha señalado el consejero de Vivienda Denis Itxaso, quien sostiene que parte de los inmuebles vacíos no se alquilan por el temor de sus propietarios a posibles impagos o daños.

“La obligación de la política pública es desactivar esos problemas, ofrecer garantías, y convertir viviendas bloqueadas en viviendas disponibles”, ha afirmado. El consejero ha subrayado que el objetivo es movilizar viviendas mediante “una garantía pública, gratuita y vinculada a precios razonables”, de forma que la seguridad para los propietarios no se traduzca en nuevos costes u obstáculos para quienes buscan un alquiler.

Impagos

La cobertura general alcanzará un máximo de 14 mensualidades impagadas, ampliable hasta 20 cuando el arrendatario tenga 35 años o menos, supere los 65 años o forme parte de una familia monoparental o de una unidad de convivencia con menores a cargo o personas con diversidad funcional o psíquica.

El seguro incluirá también los suministros que haya tenido que abonar el propietario y los daños ocasionados por el inquilino por su responsabilidad o negligencia.

¿Quién podrá adherirse?

La cobertura comenzará cuando el juzgado admita a trámite la demanda de resolución del contrato y recuperación de la vivienda por impago. Las cantidades cubiertas tendrán como límite la renta pactada y los topes establecidos por la normativa de referencia; cuando esta no resulte aplicable, se tomará como referencia el 95% de la renta media mensual del municipio según la estadística disponible del mercado del alquiler libre.

Alokaplus estará dirigido a personas físicas propietarias de un máximo de cinco viviendas, que deberán destinarse al alquiler como residencia habitual y estar situadas en municipios declarados zonas tensionadas. El programa podrá incorporarse tanto a contratos nuevos como a alquileres que ya estén en vigor, siempre que se cumplan los requisitos y se respeten los límites de renta. Para adherirse será necesario firmar un documento de compromiso entre arrendador e inquilino y registrar el correspondiente anexo al contrato antes de presentar una demanda judicial por impago. El Gobierno Vasco limitará las garantías exigibles al inquilino a una única mensualidad de fianza, conforme a lo previsto en el programa.

La solicitud de las ayudas podrá tramitarse por dos vías. La primera permitirá reclamar la cobertura una vez recuperada la posesión de la vivienda, con un plazo de tres meses desde que se acredite esa recuperación. La segunda abrirá la posibilidad de solicitarla durante los seis meses posteriores a la admisión a trámite de la demanda judicial, con una primera cobertura calculada por el periodo transcurrido y un máximo de seis mensualidades. En esta segunda modalidad, el propietario podrá pedir posteriormente una ampliación durante los tres meses siguientes a la recuperación del inmueble, hasta alcanzar el límite de 14 o 20 mensualidades que corresponda. En ambos casos, el abono se realizará en un único pago por expediente.

No se elimina la deuda del arrendatario

El seguro no eliminará las deudas del arrendatario. Cuando el Gobierno Vasco pague al propietario las cantidades cubiertas, la Administración reclamará su devolución al inquilino conforme a la normativa aplicable. “No eliminamos las deudas ni convertimos en una carga definitiva para la Administración los impagos”, ha advertido Itxaso. “Damos seguridad al propietario, pero mantenemos la responsabilidad de quien incumple sus obligaciones”, ha añadido. El mecanismo pretende proteger al arrendador sin eximir al arrendatario de sus responsabilidades económicas.