Visto para sentencia el juicio del caso Faisán
El juicio sobre el caso Faisán, el presunto chivatazo a ETA en el bar Faisán en 2006 del que están acusados dos altos mandos policiales, ha quedado visto para sentencia este lunes, tras las conclusiones de las defensas y de las acusaciones, como la ejercida por el PP, que espera que éste no sea el último juicio sobre la filtración.
La quinta y última sesión de la vista ha tenido como protagonistas la exposición final de las acusaciones particulares y las defensas del ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el ex inspector de la Brigada de Información de Araba José María Ballesteros, acusados de revelación de secretos y de colaboración con banda armada.
Ninguno de los acusados ha querido hacer uso de su último turno de palabra.
Acusaciones particulares
Para las acusaciones particulares, ejercidas por el PP, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, ha quedado "acreditado" que el 4 de mayo de 2006 Pamies envió a Ballesteros al bar Faisán para que le entregara un móvil a su dueño, Joseba Elosua, a través del cual le alertó de la operación contra el aparato de extorsión de ETA.
Tanto el abogado de la AVT como la letrada de Dignidad y Justicia han asegurado que es "palmario" y "evidente" no solo que la filtración existió y que su motivación fue política, sino también que los indicios y las pruebas indirectas apuntan a los dos mandos policiales sentados en el banquillo como sus responsables.
El PP espera que no sea el último juicio del Faisán
Alexis Godoy, abogado del PP, por su parte, ha mantenido que el motivo de la filtración fue político, tras lo cual ha defendido que es "imposible" sostener que el soplo fuera iniciativa de los acusados.
"No actuaron por iniciativa propia sino por instrucciones de otros (...), por las más altas instancias policiales y políticas'', ha dicho. ''Esperamos que no sea el último juicio del Faisán y que todos los responsables sean juzgados por esta delación policial", ha añadido.
Abogados de los acusados
Tras el turno de las acusaciones, los abogados de Pamiés y Ballesteros han solicitado la absolución de sus clientes al considerar que los argumentos esgrimidos se fundamentan en una instrucción "deficiente" y basada "en la nada".
"No son indicios, son concatenaciones. Cuestiones de fe que no han quedado acreditadas", ha asegurado María Ponte, letrada del exjefe superior de Policía del País Vasco, quien ha defendido en sus conclusiones que la llamada del chivatazo es falsa porque Elosua no se encontraba en su local sino en la perfumería de su hija.
Y es errónea la hora de la llamada del soplo, ha argumentado Ponte, porque la investigación dirigida no tuvo en cuenta los cortes en la cinta de videovigilancia del bar Faisán y el desfase en el horario de grabación.
Declaraciones durante el juicio
Los peritos de la Guardia Civil han confirmaron que la cinta de vídeo que muestra a Ballesteros en el bar Faisán cuando se produjo el chivatazo a ETA tiene dos cortes y que han desaparecido de ella 3 minutos y 1 segundo.
El jefe del equipo policial que investigó el chivatazo, Carlos Germán, aseguró que la filtración impidió recuperar 108.000 euros procedentes de la extorsión y frustró la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA hasta el punto de que a los detenidos no les incautaron "absolutamente nada".
El exjefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, aseguró que no hubiera "admitido" una orden política para parar la operación policial contra ETA en 2006.
Por su parte, el dueño del bar Faisán y miembro del aparato de extorsión de ETA, Joseba Elosua, ha reconocido que una persona le alertó por teléfono en 2006 de que se iba a detener a un miembro de ETA que conocía, llamada que le dejó "completamente abobado" y que sospechó que provenía de un policía.
Peticiones de penas
El pasado jueves, el fiscal Carlos Bautista expuso en el juicio sus conclusiones y mantuvo también sus penas. Les acusa de revelación de secretos, delito por el que pide 1 año y medio de cárcel para Pamiés y 2 años para Ballesteros, y, alternativamente, de colaborar con ETA, por el que reclama 5 años de prisión para cada uno.
El PP solicita para los acusados 7 años y medio y 8 años y medio de prisión, mientras que la AVT pide 8 años y 8 años y medio, y Dignidad y Justicia, por su parte, 9 y 10 años.
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