El Gobierno de España impugna la consulta alternativa del 9N
El Consejo de Ministros ha acordado hoy impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) las actuaciones de la Generalitat encaminadas a celebrar una consulta alternativa en Cataluña el 9 de noviembre.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado en rueda de prensa de la decisión del Ejecutivo, adoptada después de que el Consejo de Estado diera su visto bueno a la impugnación, y que se hará efectiva esta misma tarde con la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
En el recurso, el Ejecutivo pide al Constitucional la suspensión de todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo o que se vayan a llevar a cabo para convocar esta consulta, denominado "proceso participativo". Y lo hace después de que el órgano consultivo haya determinado que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria, así como "cualesquiera otras actuaciones -con independencia de su naturaleza- en relación con dicho proceso".
La vicepresidenta ha resumido algunos de los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado para avalar la impugnación de una consulta que el Ejecutivo considera que no tiene "ninguna base legal" ni las garantías democráticas "más básicas". En ese sentido, ha recordado que no hay censo, que no hay administración electoral, que el proceso lo pilotan quienes defienden un resultado concreto y que lo organizan voluntarios "captados, seleccionados e instruidos por los promotores".
El Gobierno pretende, según la vicepresidenta, preservar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y del Estado de Derecho, en el que "no tiene cabida" este procedimiento de consulta, además de "proteger la democracia frente a lo que es una perversión de sus mismos fundamentos", en particular los derechos a la libertad y a la igualdad.
Otro de los principales motivos por los que el Gobierno ha decidido llevar al TC la consulta es proteger los derechos de los catalanes, sobre todo de los funcionarios públicos a los que la Generalitat pretende colocar "ante la intemperie legal" de no dar ninguna cobertura jurídica a su actuación.
Ha criticado Sáenz de Santamaría que la Generalitat sitúe a esos funcionarios ante la responsabilidad de asumir por sí mismos el incumplimiento de la ley, algo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no está dispuesto a hacer con su firma.
En ese sentido, ha confiado en que Mas sea consciente de que, si la primera consulta fue suspendida porque vulneraba la Constitución, en este caso vulnera derechos de los ciudadanos a los que gobierna y representa al trasladarles una responsabilidad que no les compete.
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