El PP se queda solo en su apoyo a la Ley de Seguridad Ciudadana

El PP ha vuelto a quedarse solo en su apoyo al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, en un debate en el Pleno del Congreso en el que la oposición ha repetido sus argumentos para rechazar de plano una norma que consideran innecesaria y que califican de "mordaza" porque pretende "acallar" la protesta.

Ante la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha asistido al debate desde el banco azul del hemiciclo, todos los grupos parlamentarios salvo el PP han votado en contra del proyecto, que ahora tendrá que superar el trámite parlamentario del Senado antes de su aprobación definitiva.

Protestas en la Cámara baja

No han faltado en el debate los "incidentes". Así, el presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, ha tenido que pedir por dos veces a siete diputados de la Izquierda Plural que se despojaran de las mordazas blancas con las que se habían tapado sus bocas para expresar gráficamente su rechazo al texto, aprobado por 181 votos a favor y 141 en contra.

Y justo cuando empezaba la intervención del portavoz del PP, Conrado Escobar, se ha podido escuchar desde la tribuna de invitados La canción del pueblo, de la obra Los Miserables, interpretada por mujeres del grupo Solfónica, a las que Posada ha ordenado expulsar del hemiciclo.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso. Foto: EFE

Fernández Díaz no ha podido quedarse a la votación porque tenía que acompañar a los reyes a un acto en Barcelona, pero ha escuchado por boca de los portavoces de la oposición las razones que les han llevado incluso a anunciar la derogación de la ley si el PP no repite en La Moncloa en la próxima legislatura.

"Estado de excepción encubierto"

"La calle no es suya. Ya sé que lo aprendió en otra época, pero es una desmesura", le ha dicho al ministro el portavoz del PSOE, Antonio Trevín, para quien la ley es una "vuelta al estado policial" y ha acusado al PP de querer cercenar las libertades políticas y civiles con la "coartada" de la seguridad.

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha sido tajante al afirmar que el Ejecutivo resucita con esta ley "el viejo tribunal de orden público" e instaura una nueva jurisdicción administrativo-penal con el ministro del Interior de "magistrado".

Mientras, Emilio Olabarria, del PNV, ha considerado que el texto es "difícil de defender" y ha acusado al ministro de practicar una "resistencia numantina" con la legalización de las devoluciones en caliente.

Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, no ha ahorrado críticas al "estado de excepción encubierto" que para él representa esta ley y que da "cobertura a las tropelías" políticas del Gobierno.