Las consultas locales deberán ser autorizadas por el Gobierno español

El delegado del Gobierno español en el País Vasco, Javier de Andrés, ha avisado hoy a los ayuntamientos de que las consultas populares que organicen sobre materias locales y que afecten a la totalidad de los electores de esos municipios deben ser autorizadas por el Gobierno central para poder convocarse.

De Andrés ha comparecido en una rueda de prensa para aclarar los términos del acuerdo al que el Gobierno español y el Ejecutivo vasco llegaron este mes sobre la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, conocida como la Ley Municipal, que evitó la interposición por parte del Estado de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En uno de los puntos del acuerdo de la comisión bilateral entre ambas administraciones se regula todo lo relativo a las consultas municipales, que aclara los requisitos que deben cumplir los ayuntamientos para convocarlas.

Así, De Andrés ha explicado que cuando un consistorio convoque una consulta de un asunto local y afecte a la totalidad del municipio ésta tendrá que regirse por la Ley estatal de Bases de Régimen Local, por lo que deberá contar con la autorización previa del Gobierno español.

Pero si la consulta se dirige a una parte de los vecinos de un municipio y en la votación no están llamados a participar todos los habitantes de la localidad con derecho a ello la autorización del Gobierno central no sería necesaria.

Retiran 30 recursos contra el uso del euskera

Por otro lado, Javier de Andrés ha revelado que la Delegación retiró 30 recursos contra el uso sólo del euskera por parte de ayuntamientos vascos en sus comunicaciones cuando todavía estaba en el cargo su predecesor, Carlos Urquijo.

De Andrés ha explicado que la retirada de las impugnaciones se debió a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que daba la razón a un Consistorio y ratificaba su derecho a comunicarse solo en la lengua vasca.

A raíz de esta resolución judicial, la Delegación del Gobierno, todavía gestionada por Urquijo, decidió retirar el resto de recursos que tenía sobre este tema y que han sido cuantificados en una treintena.

"Lo que se decía en aquella sentencia, de términos profanos, es que una Administración Pública se puede relacionar con otra en euskera y en castellano y, consecuentemente, se pueden remitir la actas en euskera o en castellano", ha añadido.