La Fiscalía pide archivar la causa del 8M contra el delegado del Gobierno en Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia de un particular contra Franco por autorizar manifestaciones entre el 5 y 14 de marzo de 2020 y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.

El recurso de la Fiscalía llega justo dos días antes de que el delegado del Gobierno en Madrid tenga que comparecer ante la juez Rodríguez-Medel para declarar en calidad de investigado en esta causa, en la que se trata de esclarecer si omitió las advertencias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que seis días antes del 8-M emitió un informe en el que instaba a cancelar todas las concentraciones, así como las recomendaciones sanitarias para prevenir el riesgo de contagio.

Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre esta causa y, "consciente" de ello, explica en su escrito que "esta circunstancia obedece" a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Dicha suspensión se levantó el pasado 4 de junio.

Afirma que ahora es el "momento procesal" para "combatir el auto de incoación" y "valorar la mayor parte de las actuaciones que se vienen practicando" desde entonces. En este sentido, se muestra de acuerdo con la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, y considera que este auto es "nulo", ya que genera indefensión.

Ni dictó resolución ni actuó de forma arbitraria

Así, el Ministerio Público asevera que Franco no ha cometido ningún delito de prevaricación. "Recibir una comunicación no equivale a dictar resolución", recalca el fiscal, al mismo tiempo que subraya que esta actuación no sólo tiene que resultar "ilícita", sino también "arbitraria".

Por ello, entiende que "además de no dictar ninguna resolución", tampoco se puede acusar a Franco de haber tenido un comportamiento arbitrario "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".

Además, no ve "razonable" exigirle la prohibición de manifestaciones por razones sanitarias "cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo".