El juez del caso Kitchen descarta la implicación de Cospedal y pone el foco en el ex ministro Fernández Díaz

El juez del caso Kitchen descarta que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal pudiera haber tenido un "liderazgo ideológico" en la operación de espionaje al extesorero Luis Bárcenas y subraya que haberse reunido con el comisario José Villarejo no la hace responsable de ningún delito.

Razones por las que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archiva la causa para ella, para su marido, Ignacio López del Hierro, y para su ex jefe de Gabinete José Luis Ortiz.

Al contrario que para el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la cúpula de su departamento, incluido su ex número dos, Francisco Martínez, a quienes propone juzgar al considerar que esta supuesta operación, que buscaba hacerse con documentos sobre el caso Gürtel que guardaba Bárcenas y comprometían al PP, "se habría ideado en el marco institucional" del Ministerio, siguiendo las órdenes del ministro y "bajo el control" del secretario de Estado de Seguridad.

En un principio el juez consideró que Cospedal y su marido pudieron tener un papel determinante en la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos (también procesado), como confidente policial, si bien finalmente lo ha descartado al llegar a la conclusión de que ninguno de los dos "tenían relación alguna" con él y que su vinculación "se basa tan solo en las anotaciones de la agenda personal" de Villarejo, que "no han logrado corroborarse con indicios sólidos".

Sí que se ha probado -porque el matrimonio lo reconoció- que se reunieron con Villarejo, varias veces en el caso de Cospedal, que lo justificó en las relaciones que el ex comisario tenía con la prensa.

Al respecto, el juez deja claro que "no se puede criminalizar el derecho de reunión" y que nadie puede ser sospechoso de delito por "el hecho de haber mantenido contacto" con Villarejo, que también irá a juicio por estos hechos.

El instructor ve "baldíos" los esfuerzos en justificar estas reuniones porque, aclara, "no hace falta". Añade que "nuestro sistema de garantías constitucionales presupone la inocencia, y por ende, debemos entender que no existía voluntad delictiva, salvo que se apunte a indicios concretos".

García-Castellón ha propuesto juzgar a un total de once personas, empezando por Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez, y siguiendo con el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino, los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo, para terminar con los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago, y el ex chófer de los Bárcenas Sergio Ríos.

El proceso continúa para todos ellos, puesto que García-Castellón entiende que los hechos por los que se les acusa son constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.

El juez limita la 'Operación Kitchen' al Ministerio de Interior, por cuanto descarta la existencia de una trama política ajena al departamento que dirigía entonces Fernández Díaz.