Así funcionaba la trama por la que está imputado Cristóbal Montoro: presuntas comisiones a cambio de leyes para favorecer a empresas gasísticas
El juez Rubén Rus Vela investiga a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante los gobiernos presididos por Mariano Rajoy y José María Aznar, por favorecer presuntamente de manera ilegal a empresas gasísticas, permitiéndolas "colaborar activamente en la redacción" de varios proyectos de ley que fueron aprobados por el PP a cambio de importantes pagos.
En concreto, el despacho de abogados Equipo Económico (EE) que él mismo fundó montó una "red de influencias" supuestamente destinada a recaudar dinero a cambio de hacer leyes favorables a los intereses de al menos cinco compañías: Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Según las investigaciones, se trataría de un importe que ascendería hasta casi 800.000 euros entre 2011 y 2019.
Al parecer, estas empresas, que operaban englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), buscaron beneficiarse de una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
El juez señala que “muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico". Asimismo, sostiene que la consultoría EE logró en "poco tiempo, y sin causa aparente que las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las peticiones de la AFGIM".
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona atribuye a Montoro y a cerca de una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El caso ha estado siete años bajo secreto de sumario y, en el momento en el que se ha hecho público, Montoro se ha dado de baja del PP y sostiene que no existen pruebas contra él.
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