El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos
El Gobierno estudiará a través de la Abogacía General del Estado si se considera como definitiva la suspensión y el Gobierno puede recurrir ante el Constitucional, o solo pueden hacerlo los afectados.
El Tribunal Supremo (TS) ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos', por lo que no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre, en relación a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA), con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección.
Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170 000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.
Por lo tanto, tal y como habían solicitado Iustitia Europa y Vox, continuará suspendido el derecho a voto de los nacionalizados a través de la 'ley de nietos', una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a través de la cual han podido obtener la nacionalidad española los hijos/as o nietos/as de aquellos que tuvieron que exiliarse tras la guerra civil por "razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".
El Gobierno estudia acudir al Constitucional
El Gobierno español ha lamentado la decisión del TS. "Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación informal con periodistas.
Marlaska ha señalado que ahora cabe esperar que la Abogacía del Estado estudie si las medidas cautelares de suspensión del Supremo son una resolución definitiva. En este sentido, el Gobierno estudiará si puede recurrir ante el Constitucional o solo pueden hacerlo los afectados.
El presidente Pedro Sánchez había pedido al Supremo que "frenara el intento de atropello" que, según el, suponían los recursos y garantizara el "derecho a voto".