El Gobierno Vasco no tendrá que abonar las aportaciones a Itzarri suspendidas
El Gobierno Vasco no tendrá que abonar las cantidades que dejó de aportar al Plan de Previsión Social Itzarri por cada funcionario de la Administración pública vasca durante la anterior crisis económica.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que en 2019 ya dio la razón al Ejecutivo autonómico frente a las reclamaciones de los sindicatos ErNE y ELA tras reunirse este martes para revisar los recursos interpuestos por esas centrales, a quienes ya se les ha notificado el fallo de la resolución.
Fuentes jurídicas han informado que el Supremo ha dictado una sentencia, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, en la que se desestiman los recursos de ErNE y ELA contra la sentencia del tribunal vasco.
El Gobierno Vasco suspendió esos abonos a Itzarri atendiendo al decreto del gobierno de Mariano Rajoy, que en 2012 prohibió las aportaciones a los planes de pensiones y EPSV para los funcionarios públicos durante la anterior crisis económica.
Las centrales recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reclamando al Ejecutivo autonómico unas aportaciones a Itzarri del 3 % para los trabajadores públicos desde el 1 de enero de 2014, fecha en la que se alzó la prohibición de realizar esos abonos a los planes de pensiones.
El TSJPV rechazó la pretensión de ambas centrales, algo que confirma ahora el Tribunal Supremo.
Los sindicatos seguirán luchando para conseguir las aportaciones
En una nota, ELA ha señalado que, tras esta sentencia, "seguirá luchando para que el Gobierno vasco acabe con el recorte de Itzarri a su plantilla" y ha animado a los trabajadores afectados a "movilizarse en defensa de sus derechos".
Este sindicato ha puesto de relieve que los mismos partidos coligados en el Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) y que "se niegan a realizar las aportaciones a Itzarri, sí que lo hacen a Elkarkidetza", la EPSV de los ayuntamientos y las tres diputaciones forales, instituciones en las que también gobiernan.
ELA ha puntualizado que todavía no tiene comunicación de la sentencia y que la ha conocido por los medios.
Por su parte, un portavoz de Erne ha cifrado en unos 100 millones de euros la cantidad que el Ejecutivo vasco dejó de aportar, y ha calificado la sentencia del Supremo, que aún no se les ha notificado, de "injusticia manifiesta".
El sindicato de la Ertzaintza estudiará la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional o ante la Justicia europea, ya que la considera "discriminatoria" para los funcionarios de la Comunidad Autónoma en relación con otros trabajadores públicos de las diputaciones o los ayuntamientos.
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