Bruselas abre expediente a España por las leyes usadas para condicionar la OPA de BBVA al Sabadell

La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España al considera que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell infringen varias normas de la UE. Por ejemplo, aquellas que protegen la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.

El organismo que preside Ursula Von der Leyen ve problemático la forma en que el Gobierno de España ha usado la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación, una vez que había dado su visto bueno la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) con una serie de compromisos. 

La Comisión Europea, cree que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión del regulador que preside Cani Fernández ((CNMC) ). Algo que sí prevé la ley del Gobierno español.

Según fuentes comunitarias, Bruselas considera que la ley española de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de 2014, y el real decreto que la desarrolla, de 2015, otorgan al Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias. 

Así, la Comisión entiende que España está infringiendo las disposiciones de los Tratados de la UE que garantizan la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, así como el reglamento sobre supervisión bancaria única; y la directiva y reglamento de requisitos de capital.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó en junio la operación de concentración entre el BBVA y el Sabadell, con la condición de que durante los próximos tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a defender este jueves la actuación del Gobierno en la opa del BBVA al Sabadell y la aprobación de la posible concentración con la condición de que no haya una fusión de las dos entidades, al menos en los próximos tres años.     

No obstante, ahora tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento del Ejecutivo comunitario. Si la considerase insatisfactoria, podria avanzar en un procedimiento de infracción que, en última instancia, le permitiría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir que se le sancione por el incumplimiento.