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La falsificación del pasaporte covid, penado con entre 6 meses y 3 años de prisión en el Estado español

Nueve comunidades autónomas exigen el certificado para entrar en los establecimientos y es también necesario para viajar por la Unión Europea.
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La falsificación del certificado covid, que acredita que su titular se ha vacunado, ha superado la enfermedad o cuenta con una prueba diagnóstica negativa reciente, puede suponer una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión y los tribunales españoles equiparan la responsabilidad de su autor material con la de quien lo encarga.

El uso de dicho certificado quedó anulado el 4 de febrero en la CAV y ocurrirá lo mismo este martes, 15 de febrero en Navarra. No obstante, el pasaportes covid sigue siendo necesario para acceder a los establecimientos de Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla.

Además, el certificado covid es necesario para desplazarse entre Estados miembros de la Unión Europea y su uso va a seguir vigente durante algún tiempo a nivel europeo, ya que la Comisión Europea ha propuesto extender la validez del mismo al menos hasta el 30 de junio de 2023.

La agencia EFE apunta, citando especialistas en derecho penal, que "si hace unos meses se detectó un incremento en la falsificación de los resultados de pruebas PCR y test de antígenos, actualmente este negocio fraudulento se traslada a los certificados covid, que pueden costar entre 170 y 450 euros en el mercado ilícito", y aclaran que "la manipulación del código QR supone, en la práctica, la alteración de un elemento esencial de un documento expedido por la Administración".

El ilícito penal en cuestión en el que incurriría tanto la persona que falsifica materialmente el documento como quien lo encarga está tipificado en el artículo 392 y 390.1 del Código Penal, y contempla penas que van de los 6 meses a los 3 años de prisión, con multas de diverso importe.

En Francia, donde desde el 24 de enero permanece en vigor el pasaporte de vacunas, la falsificación se castiga con hasta tres años de cárcel y 45 000 euros de multa.

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