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El RAC solicitará amparo al Ararteko por la retirada "injusta y sin previo aviso" de tarjetas OTA en Bilbao

La decisión del Ayuntamiento de cancelar 4500 tarjetas de residentes para estacionar en la zona OTA ha dejado en situación de desamparo a numerosas personas, quienes han recibido multas inesperadas. Esta medida ha generado un gran malestar entre las personas afectadas.
Una máquina de la OTA en Bilbao
Una máquina de la OTA en Bilbao. Foto de archivo: EFE

El RAC Vasco Navarro solicitará el amparo del Ararteko para exigir al Ayuntamiento de Bilbao que rectifique su decisión, devuelva las tarjetas y anule las sanciones impuestas a los automovilistas afectados "por una gestión deficiente y opaca del Área de Movilidad".

La organización denuncia la deficiente gestión del Consistorio bilbaíno en la renovación de los distintivos de estacionamiento restringido, lo que ha generado sanciones a miles de residentes sin previo aviso.

Según ha informado el RAC Vasco Navarro, la decisión del Ayuntamiento de Bilbao de cancelar sin previo aviso 4500 tarjetas de residentes para estacionar en la zona OTA ha dejado en situación de desamparo a numerosas personas, quienes han recibido multas inesperadas.

La Dirección de Movilidad ha justificado la medida "en aras de la eficacia administrativa, pero la avalancha de quejas y la sobrecarga de las oficinas de atención al usuario ponen en entredicho esta explicación", aseguran.

El propio Ayuntamiento ha reconocido que "podríamos haber mejorado la comunicación" en este procedimiento, lo que evidencia, según el RAC, un error en las formas que debería implicar la anulación de las sanciones impuestas.

"Ahora, con la presión ciudadana, han decidido enviar cartas a los afectados, lo que plantea una pregunta clave: ¿por qué no se hizo antes de cancelar las tarjetas?", argumentan.

A esta problemática se suma la reciente modificación en los criterios para la concesión de las tarjetas de residente, que ha generado nuevas incertidumbres. La limitación del número de vehículos por vivienda, sin un debate previo con la ciudadanía, puede afectar gravemente a muchas familias.

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