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Vitoria y Barakaldo contarán con una plaza más de jueces para la violencia sobre la mujer

La ley de eficiencia de la Justicia contempla que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean los encargados de tramitar, a partir del próximo mes de octubre, todos los casos de violencia sexual y no sólo los que ocurren en el ámbito de la pareja, como sucedía hasta ahora.
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Juzgado de Bilbao. Foto: EITB

El Gobierno español ha enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta de real decreto que prevé aumentar en 53 las plazas de jueces y magistrados de violencia sobre la mujer, una de ellas en Vitoria y otra en Barakaldo, para hacer frente a las nuevas competencias que a partir de octubre tendrán que asumir estos juzgados, como son los delitos de violencia sexual.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia, el borrador prevé un aumento de 53 plazas de jueces en las nuevas secciones de violencia sobre la mujer.

La gran mayoría de este aumento corresponde a la creación de nuevas plazas (39) y el resto, entre las que se encuentran las ciudades de Vitoria y Barakaldo, consiste en la transformación de plazas de instrucción en plazas de violencia sobre la mujer (14).

Además, de acuerdo con el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, la creación 39 plazas de jueces conlleva la creación de otras 39 plazas de fiscales especializados en las nuevas secciones.

El Gobierno también ha solicitado al CGPJ que le comunique en qué juzgados serían necesarios jueces de refuerzo hasta que se complete el incremento de jueces previsto. Una vez el órgano de gobierno del Poder Judicial comunique esta circunstancia, el Gobierno procederá a aprobar dichos refuerzos.

La ley de eficiencia de la Justicia contempla que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean los encargados de tramitar, a partir del próximo mes de octubre, todos los casos de violencia sexual y no sólo los que ocurren en el ámbito de la pareja, como sucedía hasta ahora.

Entre esos delitos se encuentran, por ejemplo, los de trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o los casos de acoso sexual.

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