El Congreso aprueba el endurecimiento de la reforma del aborto

El pleno del Congreso ha aprobado hoy la reforma de la ley del aborto para impedir que las menores de edad abortar sin el consentimiento de los padres, que presentó el PP, si bien al menos cuatro de sus diputados han votado en contra y uno se ha abstenido.

Prácticamente toda la oposición ha votado contra de la modificación legislativa, que el PP ha sacado adelante con su mayoría parlamentaria y el apoyo de Unió para continuar la tramitación en el Senado.

Con esta votación en la que han sido rechazadas las enmiendas parciales presentadas por PSOE, Convergència, Izquierda Plural, UPyD, PNV, BNG y ERC, la proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo viaja al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril.

La intención del PP es que pueda completar allí su tramitación sin que se incorporen cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre, según han informado fuentes parlamentarias.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, durante el pleno del Congreso. Foto: EFE

Se avanza así en el trámite de esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso después de que el Gobierno retirase la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la salida de Alberto Ruiz Gallardón.

Sin el filtro de los órganos consultivos del Estado

La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.

Asimismo, el fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.

Tampoco ha contentado a las asociaciones auto denominadas pro vida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.