GEBehatokia avisa al Gobierno de España de que tiene hasta el 31 de julio para empezar a investigar un caso de tortura

El Observatorio Vasco de Derechos Humanos GEBehatokia ha advertido al Estado español de que tiene hasta el 31 de julio para implementar las medidas propuestas por el Comité contra la Tortura de la ONU para investigar el caso de Raúl Fuentes, quién denunció haber sido torturado en la comisaría de Bilbao tras ser detenido en 1991.

En comparecencia ante los medios, el coordinador de GEBehatokia, Agus Hernan, ha adelantado que, de no adoptar esas iniciativas desde el Estado, la organización ya ha decidido, junto a sus asesores legales, las próximas actuaciones respecto a ese caso. 

"España debe empezar a investigar ese caso y el de Iratxe Sorzabal, absuelta por la Audiencia Nacional después de concluir que había sido sometida a 'tratos inhumanos' durante su arresto", ha urgido. "Ya no vale aplicar el argumento de que han prescrito", ha concluido.

La abogada Iratxe Urizar ha destacado que "el gobierno español debe tomar acciones ante las violaciones ocurridas en el contexto del conflicto vasco", y el Estado debería "investigar los delitos de torturas levantando los límites de prescripción" y reconocer a Fuentes y Sorzabal como víctimas, "apoyarlas en su reparación y en la búsqueda de la verdad".

Ha recordado que el Comité contra la Tortura de la ONU ya había reprochado en 2023 a España que "los delitos de tortura son de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles", por lo que el Estado tiene obligación de investigarlos.

Hace unas semanas el gobierno de España tuvo que dar cuenta en Ginebra de hasta qué punto el gobierno cumple con los compromisos adquiridos con el Pacto Universal de Derechos Humanos y el 18 de julio, tras escuchar a la delegación española, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un informe.

Ese informe vuelve a expresar su "preocupación por la definición de tortura" en la legislación española, que "aún no se ajusta plenamente a los estándares internacionales" y que la grabación de los interrogatorios no se aplica de manera sistemática.

También reprocha que ese delito prescriba a los 15 años y lamenta que "haya más de 5000 testimonios documentados de personas que presuntamente fueron cometidas a actos de tortura y malos tratos entre 1960 y 2014" en la CAV y Navarra.

Pide a España "aprobar medidas necesarias que garanticen la investigación efectiva de los presuntos actos de tortura y malos tratos a los que hacen referencia los numerosos testimonios documentados entregados a las autoridades de la Comunidad Autonoma y Navarra".

También que se cree "un mecanismo independiente" para investigar "todas las denuncias de torturas" por parte de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Las recomendaciones de ese informe "son de obligado cumplimiento" y por tanto, el Estado español "no puede seguir haciendo el avestruz como si no fuera con él y ha confiado en que "cumpla con sus obligaciones", ha dicho Hernan.

Según GEBehatokia, "las graves vulneraciones de derechos que se han cometido dentro de una estrategia antiterrorista planificada desde el Estado" han encontrado "un muro" en instancias internacionales que han emitido sentencias e informes que "han resquebrajado ese muro de impunidad".

"Ha costado décadas superar el negacionismo y construir el consenso que hoy asume la verdad de las denuncias de torturas", ha destacado Hernan.