Stop Desahucios dice que les quieren intimidar con denuncias
Arturo Val, portavoz de Stop Desahucios en Araba, ha acusado hoy a la sociedad pública Alokabide y al Gobierno Vasco de pretender "intimidar" a los movimientos sociales con denuncias como la que le ha llevado hoy a juicio a él.
Val y otros dos miembros de este colectivo han sido juzgados hoy en Vitoria-Gasteiz por una denuncia de coacciones por un suceso que ocurrió el 12 de junio pasado, cuando Stop Desahucios llevó a la sede de Alokabide unas firmas para pedir que el Gobierno Vasco cumpla con una instrucción suya sobre medidas excepcionales en el cálculo de las rentas de pisos cuando existen circunstancias sobrevenidas.
El portavoz de la plataforma, antes de entrar en la sala de vistas, ha explicado a los medios de comunicación que en ningún momento se profirieron amenazas a ninguna persona, pese a que en el informe del vigilante de seguridad se afirma que fue el propio Val el que dijo a una persona del registro que esa vez habían acudido "suaves" pero que la próxima ya se vería.
Val ha explicado que en la entrega de firmas no hubo ningún incidente y que en ningún caso se pretendió amenazar a nadie y ha acusado al Gobierno Vasco de aplicar la "ley mordaza en Euskadi", porque el PP y el PNV pretenden "reprimir todo lo que no les gusta".
Ha añadido que intentan "criminalizar los movimientos sociales", pero ha anunciado que Stop Desahucios va a seguir defendiendo a los colectivos más desfavorecidos pese a juicios "absurdos" como el suyo.
En apoyo a los tres citados en el juicio de faltas se han concentrado una treintena de personas con varias pancartas en las que se leían frases en favor de los alquileres sociales y del derecho a una vivienda digna. Entre los concentrados se encontraban varios parlamentarios y concejales de EH Bildu.
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