Todos los sindicatos, menos LAB, firman convenio de la enseñanza concertada
ELA, Steilas, CC.OO. y UGT han suscrito este viernes con las patronales de la enseñanza concertada Kristau Eskola y Aice-Izea el convenio colectivo que recoge el contenido del acuerdo firmado el pasado mes de noviembre por el que se puso fin a un largo conflicto laboral. Las disputas incluyeron numerosas movilizaciones y 29 jornadas de huelga.
UGT también ha firmado esta vez al considerar que "en la actual situación socio-económica-sanitaria, el convenio consolida puntos muy importantes". LAB, por su parte, no lo ha firmado porque cree que "contiene muchas carencias y carece de garantías de cumplimiento".
Este convenio, con aplicación en los años 2017-2021, afecta a las condiciones laborales de cerca de 10 000 trabajadores de 136 colegios, e incluye, entre otras cuestiones, una subida salarial del 9 %.
La medida también reconoce las horas complementarias de trabajo personal y reducciones de jornada para diferentes colectivos, así como la jubilación parcial en jornada del 75 % para todos los trabajadores con la obligación de contratar al 100 % de la jornada.
El texto recoge la obligación de recolocar a los trabajadores que pierdan su puesto por el descenso de matriculación. Precisamente, las divergencias entre patronal y sindicatos sobre este último aspecto han dilatado la negociación del convenio, que ha contado con la mediación del Consejo de Relaciones Laborales.
Sobre las sustituciones, el convenio establece que se cubrirán a partir del tercer día en el caso de bajas imprevistas y desde el primer día cuando estén previstas de antemano y supongan ausencias de más de tres días.
El sindicato UGT ha explicado que después de casi siete meses de negociación en la mesa de convenio se ha firmado un acuerdo que "consolida mejoras en un escenario difícil por culpa de la COVID-19" y añade que "por responsabilidad" se ha sumado a un convenio que "no contempla el total de las peticiones iniciales".
En otro comunicado, LAB argumenta que "no responde a las necesidades del sector" y afirma que los nueve meses de negociaciones han supuesto "un mero paripé con varios contenidos incumplidos, muchas discrepancias y sin garantías de cumplimiento".
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