Los inmigrantes aportan más al PIB de lo que reciben en servicios sociales
Muchas veces se escucha decir que las personas inmigrantes viven de las subvenciones públicas o vienen a aprovecharse de las políticas sociales locales. Sin embargo, todas las investigaciones desmienten esas acusaciones cargadas de falsedades, y así lo demuestran los últimos estudios del Observatorio Vasco de la Inmigración, Ikuspegi, y del Gobierno de Navarra. En ese sentido, el doctor en Sociología Xabier Aierdi lo explica claramente: "Con muy pocos datos se puede demostrar fácilmente que los inmigrantes casi cuadruplican el coste que generan en servicios, etc. Las personas inmigrantes hacen una importante aportación económica a la sociedad, tanto de manera material como inmaterial".
En el caso de la CAV, el último estudio de Ikuspegi publicado en 2018 explica que la población de origen extranjero asentada en la misma aportó ese año un 2,06 % en términos de consumo al Producto Interior Bruto (PIB) de la CAV y que la diferencia entre el gasto imputable por el acceso a los sistemas de bienestar y el consumo realizado fue de 818 millones de euros. "Queda constatado, por tanto, que el gasto realizado por la administración en el sistema de bienestar es menor que el consumo que las personas de origen extranjero realizan en Euskadi", concluye el informe. En la misma línea, en Navarra, según los estudios realizados por el Gobierno foral, los extranjeros aportaron un 3,4 % al PIB local en 2018.
Aierdi explica que, normalmente, las personas inmigrantes vienen a nuestro país por razones económicas y que tienen la intención de quedarse aquí para desarrollar su vida. Estas se dirigen a los mercados con más posibilidades de contratación les puede ofrecer, es decir, servicios y labores domésticas y de cuidados. Así, en concreto, alrededor del 14 % de los hombres y mujeres de origen extranjero afincados en Hego Euskal Herria y afiliados a la Seguridad Social trabajan en los hogares y en la hostelería, y otros tantos en los comercios y la construcción, así como en la industria manufacturera, según datos del Ministerio de Inserción Social, Seguridad Social y Migraciones del Estado español correspondientes a 2021.
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