Los imputados defienden que la labor de Segi era 'sólo política'

La Audiencia Nacional ha iniciado ya el juicio contra 40 jóvenes acusados de formar parte de la organización ilegalizada Segi. En sus primeros minutos, los imputados han inflado varios globos de color naranja y han gritado proclamas a favor de Luis Goñi, arrestado hoy y la "autodeterminación de Euskal Herria". En ese momento, el juez ha pedido a los procesados que abandonen la sala y ha suspendido la sesión durante unos minutos.

Sobre las 11:00 horas, el juicio ha dado comienzo, con la presencia de los imputados, que han vuelto a entrar en la sala. Cuatro de los procesados no se han presentado al juicio.

Los seis jóvenes que han declarado ya han denunciado que se les ha procesado por realizar una actividad exclusivamente política y algunos de ellos han afirmado que sufrieron torturas tras su detención.

Los primeros en declarar han sido varios acusados de dirigir la organización y todos ellos han defendido que su labor en Segi era solo política, intervenciones que han provocado aplausos entre el público seguidos de reprimendas de la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado.

Los presuntos dirigentes han calificado el juicio de "anacronismo" dado el "contexto político y social actual", han pedido al Gobierno que dé pasos para ayudar en el proceso de paz y uno de ellos, Jon Telleria, periodista, ha advertido que la decisión que tomen los jueces "influirá" en ese proceso. "Aquí no hay cuarenta terroristas, aquí hay cuarenta jóvenes", ha dicho Telleria arrancando el aplauso del público y los acusados.

Torturas

Los jóvenes han denunciado además torturas con golpes y bolsas en la cabeza que, según han dicho, invalidan su declaración ante la policía.

Jon Anda Velez ha afirmado que fue "torturado salvajemente" dándole golpes, haciéndole realizar flexiones y sentadillas y poniéndole bolsas en la cabeza, lo mismo que Aitziber Arrieta.

Garazi Rodríguez ha relatado cómo permaneció horas desnuda y le amenazaron con que la dejarían sola con un policía que previamente le tocó y, en la misma línea, Maialen Eldua ha explicado que un agente le amenazó con que varios la iban a violar.

Por otro lado, cuatro de los acusados no han acudido a la vista y han publicado un vídeo en Internet en el que afirman que lo han hecho por "desobediencia" y porque el tribunal no tiene legitimidad para juzgarles.

Se trata de Irati Mujika, Unai Ruiz, Idoia Iragorri y Goitzane Pinedo, para los que el tribunal tiene que decidir si dicta una orden de búsqueda y captura.

Tras el interrogatorio hoy de diez procesados, el juicio seguirá este martes en la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares con la declaración de más acusados.

Por su parte, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu ha mostrado a las puertas de la Audiencia Nacional su solidaridad con los presuntos miembros de Segi juzgados hoy por lo que ha calificado como "un tribunal de excepción" y ha pedido que se acabe con los "juicios políticos".

Penas de 298 años

En el escrito de acusación, el fiscal Luis Barroso pide 9 años de cárcel para nueve de ellos, que considera dirigentes de la organización juvenil y a los que imputa un delito de "integración en organización terrorista" con el grado de dirigentes.

Estos nueve acusados son Irati Mujika Larreta, Ainara Bakedano Cuaresma, Jon Anda Vélez de Mendizabal, Gaizka Likona Anakabe, Olatz Izagirre Sarasti, Jon Tellería Barrena, Asier Coloma Ugartemendía, Ibai Esteibarlanda y CarlosRenedo.

Para el resto reclama 7 años de cárcel por el mismo delito, pero sin la consideración de dirigentes. En total, las condenas suman 298 años de prisión.

El fiscal afirma que la organización Segi "complementa la actividad de lucha armada de la banda ETA mediante actos de kale borroka o lucha callejera que, incidiendo en la seguridad ciudadana, persiguen producir profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho, o de otro modo, atentando contra la paz pública".

De los 40 supuestos miembros de Segi, 34 de ellos fueron arrestados el 24 de noviembre de 2009 en una operación conjunta de la Policía y de la Guardia Civil dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.