Prisión para los dos presuntos miembros de ETA detenidos en México
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado a prisión a los dos presuntos miembros de ETA, Juan Jesús Narváez Goñi e Itziar Alberdi Uranga, detenidos este domingo en México.
Narváez Goñi e Alberdi Uranga fueron detenidos en México, exactamente en la localidad mexicana de Puerto Vallarta (Estado de Jalisco). Tras el arresto, las autoridades locales decidieron su expulsión y ambos llegaron a España en avión el lunes y quedaron bajo custodia policial.
El Ministerio del Interior informó de que escaparon tras la desarticulación de un comando de ETA que fue muy activo ya que cometieron 18 atentados en un solo año. Se encontraban viviendo en clandestinidad bajo identidades falsas.
Interior les atribuye una decena de asesinatos, según el historial de causas pendientes en los juzgados 1, 4 y 5 de la Audiencia Nacional. El Juzgado de Pablo Ruz investiga la participación de ambos en el asesinato del catedrático Manuel Broseta, quien recibió el 15 de enero de 1992 un tiro en la nuca cuando acaba de impartir una clase en la Facultad de Derecho de Valencia.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 tiene además una causa abierta contra Alberdi por el paquete-bomba enviado en el verano de 1991 al Ministerio de Justicia y que fue devuelto a la empresa de paquetería. El 1 de julio, los agentes acordonaron la zona y tres de ellos fallecieron cuando el artefacto hizo explosión.
El Juzgado de Ruz tiene otro sumario declarado prescrito, mientras que el Juzgado Central de Instrucción número 1 abrió una causa contra Narváez por la colocación de un coche-bomba el 15 de abril de 1991 en el cuartel de la Guardia Civil de Torremolinos (Málaga), que causó heridas a dos mujeres, un hombre y una niña.
Por su parte, el Juzgado del que es titular Santiago Pedraz tramita otra causa contra Narváez y su compañera Alberdi por el envío de un paquete bomba desde Toledo hasta Madrid destinado al presidente de Construcciones Atocha S.A., Jesús Gallego. Dos artificieros murieron ese 12 de junio de 1991 al desactivarlo y varias personas resultaron heridas con la explosión. La empresa era una de las adjudicatarias de la autovía de Leizarán.
Además, el juez Fernando Andreu investiga a ambos por el asesinato en 1991 del delegado de Ferrovial en Valencia, José Eduardo Casall.
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