Prisión sin fianza para la tercera implicada en la muerte de Carrasco

La titular del juzgado de instrucción número 4 de León ha decretado prisión sin fianza para la policía local Raquel Gago, de 41 años, imputada por el crimen de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco -por el que ya están en prisión María Montserrat González Fernández, de 55 años, y su hija, Montserrat Triana Martínez González, de 35- se encuentra en los juzgados de León para prestar declaración.

Gago entregó el martes por la noche en comisaría el arma homicida y aseguró que la encontró en su coche, que había prestado a la más joven de las detenidas por el crimen, con la que tiene una relación de amistad.

También ha declarado que poco después de que se produjera el crimen se cruzó por la calle con su amiga, arrestada y ya en prisión por la muerte de Isabel Carrasco.

La jueza le imputa delitos de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, al igual que a las otras dos mujeres ya encarceladas, María Montserrat González Fernández, de 55 años, y su hija, Montserrat Triana Martínez González, de 35.

Fuentes de la investigación a indicado a EFE que la jueza ha decidido enviarla a prisión porque su declaración ha estado plagada de "incongruencias" y no ha sabido justificar cómo llegó el arma a su poder ni por qué tardó treinta horas en entregarla en comisaría.

Además, esta agente declaró ante el Cuerpo Nacional de Policía que se encontró a Montserrat Triana Martínez González, con la que mantiene una estrecha amistad, en el intervalo de tiempo entre el crimen, que se cometió a las 17:18 horas del pasado lunes, y la detención de ésta, poco después de las 18:00 horas, y tampoco lo notificó pese a saber que había sido arrestada y por qué.

17 años prestando servicio en la Policía Local

Raquel Gago, que lleva 17 años prestando servicio en la Policía Local de León, en la que actualmente está adscrita al servicio de barrios, entregó el martes por la noche en comisaría el arma homicida y aseguró que la encontró en su coche, que había prestado a la más joven de las detenidas por el crimen.

La detenida ha sido conducida a la prisión provincial de la localidad de Mansilla de las Mulas, muy próxima a la capital, donde están ingresadas desde la madrugada de ayer las otras dos imputadas.

El Ayuntamiento de León decidió el jueves abrir a la agente un expediente disciplinario y suspenderla durante dos meses de empleo y sueldo.

Isabel Carrasco murió tras recibir varios disparos el pasado lunes, 12 de mayo. Poco después fueron detenidas la mujer de 55 años y su hija, quienes se encuentran ya en prisión tras haber prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de León que instruye las diligencias del caso, sobre el que ha ordenado secreto sumarial.

Dos policías que recibieron llamadas de la agente imputada declaran

Dos policías locales que recibieron llamadas de su compañera Raquel Gago, imputada por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, han declarado en las últimas horas en Comisaría para aclarar el contenido de las conversaciones que mantuvieron con esta agente.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, ambos agentes han reconocido que hablaron la tarde del crimen con la policía local imputada y que ésta se interesó por la marcha de las investigaciones.

La investigación ha rastreado las llamadas de los móviles de las tres imputadas y ha comprobado que Raquel Gago se puso en contacto con esos compañeros la tarde del crimen, el pasado 12 de mayo.

Dos imputados por comentarios en redes sociales

Dos jóvenes de 19 años han sido imputados por realizar diferentes comentarios sobre la muerte de Isabel Carrasco en redes sociales.

El primero fue detenido el jueves y se encuentra en libertad tras haberle imputado un delito de apología para cometer asesinatos.

El otro joven está imputado por colgar en Internet vídeos con contenidos vejatorios sobre la presidenta de la Diputación de León y otros en los que justificaba el asesinato de políticos corruptos.

El Gobierno analizará reforzar la ley para perseguir amenazas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo analizará "si es pertinente" reforzar el Código Penal para perseguir los insultos, amenazas y apología de los asesinatos, aunque ha considerado que "ya hoy las leyes españolas dan una respuesta" a estos delitos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha respondido así a cuatro preguntas sobre la posibilidad de reforzar la persecución de ese tipo de conductas después de los insultos, amenazas y frases instando al asesinato que se han vertido en las redes sociales tras la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.