El fiscal pide 316 años para el miembro de ETA Fermín Vila Mitxelena
El miembro de ETA Fermín Vila Mitxelena, detenido en 2010 en Belfast (Irlanda del Norte), se enfrenta hoy a 316 años de cárcel por la colocación en 2001 de un artefacto frente a una entidad bancaria que explosionó en la madrileña calle Goya, causando lesiones a 14 personas y numerosos desperfectos.
En el juicio que se celebrará entre hoy y mañana en la Audiencia Nacional, el fiscal Marcelo Azcárraga expondrá que Vila Mitxelena, junto con su compañera del comando Madrid ya condenada Ana Belén Egües, poseían en mayo de 2001 entre 60 y 70 kilos de explosivo que decidieron explosionar en la vía pública.
Con este fin, el 8 de mayo los dos miembros de ETA sustrajeron un vehículo que se encontraba aparcado en la calle de Luis Hoyos de Sainz y, tras cambiarle las placas de matrícula por otras falsas, instalaron en su interior la carga explosiva.
El 11 de mayo trasladaron el coche, sobre las 23:45 horas, hasta la calle de Goya, frente a las puertas de una sucursal del BBVA para después salir huyendo antes de la explosión.
La jueza evita un alegato
Vila Mitxelena ha intentado lanzar un alegato en euskera en el juicio, pero la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, se lo ha impedido.
Al inicio de la vista, preguntado por si accedía a contestar a las preguntas formuladas por el fiscal y el resto de partes, ha iniciado una larga intervención y no se ha detenido para facilitar su traducción a los asistentes.
"Está claro que está realizando una declaración que no procede efectuar, haga usted el favor de callarse y no interrumpa", ha cortado la juez Espejel. La intérprete de la Audiencia Nacional sólo ha podido traducir al castellano el inicio de la frase del etarra: "Hay una canción en Euskal Herria que dice...".
20 años de inhabilitación e indemnizaciones
El fiscal pide por el delito de estragos terroristas la pena de 20 años de prisión, 3 años por el robo con finalidad terrorista, 20 años por cada delito de atentado terrorista contra persona con lesiones graves, 15 años por cada atentado contra persona por causarles otras lesiones y 3 años por falsificación de documento oficial.
Así como la pena de inhabilitación absoluta durante 20 años más que la duración de las penas de prisión que se le impongan. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice a las 18 personas que resultaron heridas de diversa consideración y a las entidades afectadas por el atentado con importes que oscilan entre 100 y 485.987 euros.
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