El Ministerio de Igualdad ultima la reforma de la ley del aborto, aún sin acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos

El Ministerio de Igualdad ultima la reforma de la ley del aborto, pero para sacarlo adelante el Ministerio liderado por Unidas Podemos deberá negociar con su socio de gobierno, el PSOE. Este último ha manifestado la necesidad de cambiar la norma para que las chicas de 16 y 17 puedan abortar sin autorización de sus progenitores, pero se ha mostrado reticente en otros aspectos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó en varias ocasiones su intención de que el borrador de la reforma estuviera listo a finales del ya extinto 2021, y entre otras cosas, apuesta por incluir dos formas de violencia contra la mujer hasta ahora no están reconocidas como tal: la violencia obstétrica y la gestación subrogada.

Es una reforma que el Ministerio lleva meses negociando con los colectivos implicados, además de haber abierto en septiembre una consulta pública en la que se indicaba que el objetivo era acabar con los "obstáculos" que dificultan el ejercicio del derecho al aborto y eliminar el "estigma" que aún soporta.

Igualdad reconocía en la consulta que la actual ley, aprobada en 2010, había aportado "notables" avances, pero alertada de determinados datos del Ministerio de Sanidad, como que en 2019 el 87,1 % de los abortos se realizó en entornos extrahospitalarios y que, de ellos, un 79 % tuvieron lugar en centros privados. Además, en ocho provincias no se había llevado acabo ningún aborto. Esos datos, según Igualdad, evidencian problemas para garantizar la "accesibilidad, gratuidad y equidad territorial" en la interrupción voluntaria del embarazo". Por eso Montero ha defendido en varias ocasiones la necesidad de reformar la norma para que las mujeres que quieran interrumpir de forma voluntaria su embarazo no tengan que ser derivadas a centros privados desde hospitales públicos por acogerse los médicos a la objeción de conciencia.

En su momento, en septiembre, la titular del Ministerio de Sanidad, Carolina Darias, dijo que su departamento no tenía "ninguna intención" de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios para no practicar abortos y abogó por compatibilizar ambos derechos.

En cuanto a la violencia obstétrica, Igualdad, en la consulta pública, indicaba la necesidad de unificar y actualizar los protocolos de atención al parto para que se adecuen a lo establecido en la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad, en coherencia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Igualdad liderado por Unidas Podemos debe culminar la negociación con su socio de gobierno para sacar adelante el texto final. El PSOE ve imprescindible eliminar el consentimiento paterno para esas menores, pero su portavoz de Igualdad en el Congreso, Laura Berja, le dijo a Irene Montero durante una de sus comparecencias parlamentarias que el resto de cuestiones "no requieren una reforma legal".