El Congreso tumba el decreto ‘antiapagones’
Podemos, Junts y el BNG, tres de los socios de investidura del Gobierno español, han votado en contra, al igual que los diputados de PP y VOX, lo que ha imposibilitado que esta medida salga adelante.
El decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el sucedido el pasado 28 de abril no ha salido adelante, puesto que se ha topado con el rechazo de la mayoría de diputados en la votación de este martes por la tarde.
Podemos, Junts y el BNG, tres de los socios de investidura del Gobierno español, han votado en contra, al igual que los diputados de PP y VOX. A ellos se ha sumado el diputado Jorge Pueyo, integrado en Sumar.
En el otro lado, ERC, PNV, EH Bildu y Coalición Canaria han apoyado al texto. El exministro socialista José Luis Ábalos, en el Grupo Mixto, también ha votado a favor, dando como resultado final un total de 183 votos en contra, 165 a favor y ninguna abstención.
Previamente a esta votación, Idoia Sagastizabal ha anunciado el 'sí' del PNV, y ha incidido en que permanecerán atentos a cómo evolucionan los compromisos en materia energética del Ejecutivo español, como una planificación eléctrica que priorice la industria y el incremento de los límites máximos de inversión en redes.
"Puede ser lícito tratar de tumbar un decreto para tumbar un Gobierno, pero así no se daña al Gobierno español o al oligopolio, sino a la ciudadanía", ha denunciado Mikel Otero, de EH Bildu, que ha valorado la "celeridad" con la que ha maniobrado el ministerio en su diagnóstico sobre el incidente y en su paquete de medidas.
Teresa Jordá, de ERC, ha comenzado su intervención confirmando el apoyo del grupo al real decreto-ley "sin una pizca de ingenuidad, pero con la convicción de que es imprescindible actuar ya para proteger el sistema eléctrico, para acelerar la transición energética y para evitar el colapso estructural de la inacción".
Dentro del grupo parlamentario mixto, Compromís y Coalición Canaria han respaldado la convalidación. En el caso de la formación canaria, Cristina Valido ha animado a los diputados a sacar adelante esta batería de iniciativas que incluye medidas fundamentales para las islas.
Votos en contra de Podemos, Junts, BDG, PP y VOX
El PP argumenta que no están de acuerdo en la parte referida al apagón dentro del texto, más allá de que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar España sin electricidad durante 24 horas.
Respecto a otros de los asuntos que el texto incorpora, el PP cree que el contenido es incompleto. Por eso, la formación de Alberto Núñez Feijóo ya ha avanzado que presentará una proposición de ley en el Congreso, en coordinación con las comunidades autónomas, para garantizar inversiones en materia energética.
"No lo apoyamos por coherencia, responsabilidad y respeto a la verdad", ha afirmado el diputado popular Guillermo Mariscal, para quien el incidente en la España peninsular y Portugal "fue el resultado directo de la gestión catastrófica de este Gobierno".
Junts ha vuelto a expresar su malestar con la deriva del Ejecutivo español y exige al presidente, Pedro Sánchez, que reaccione, pues considera que la legislatura no puede continuar así.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, no ha explicado de forma expresa su voto en contra en la tribuna, pero sí se ha mostrado muy crítica por tener "parada" la agenda catalana y por llevar al "límite" a los grupos parlamentarios cada vez que presenta un texto legislativo.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que el decreto el decreto no incluye ninguna medida relevante para evitar que se produzca un nuevo apagón, y las posibilidades que un episodio similar vuelva a producirse son "exactamente las mismas" esté o no aprobado el decreto.
En términos parecidos se ha pronunciado el BNG. El diputado Néstor Rego ha alegado que con el texto se entrega más poder a las grandes empresas eléctricas y ahonda en un modelo de transición energética "insostenible y al servicio del oligopolio".
Por último, el portavoz económico de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha apuntado que el Gobierno español tuvo una responsabilidad directa en el apagón y lo que buscaba con el decreto era comprar el silencio de las compañías eléctricas.
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