Dos iniciativas buscan el reconocimiento institucional y judicial de Txomin Letamendi

La asociación Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia y los familiares de Txomin Letamendi, militante del PNV "muerto por torturas" en 1950 en Madrid, promoverán nuevas iniciativas con el objetivo de rehabilitar su honor y su justa satisfacción moral.

Txomin Letamendi Murua ejerció como agente del servicio de información para el lehendakari José Antonio Agirre cuando éste estaba en el exilio, hasta que fue detenido en 1946 en Donostia, y un año después en Barcelona. Tras la segunda detención, fue sometido a un consejo de guerra que le impuso una pena de cinco años de prisión.

GEBehatokia explica que "el deterioro físico y psíquico sufrido tras los interrogatorios y posterior encarcelamiento en Guadalajara aceleró su puesta en libertad” y que, finalmente, Letamendi murió en 1950 en Madrid, donde se encontraba bajo los cuidados de su hermano Juan.

A día de hoy, Letamendi no cuenta con ningún tipo de reconocimiento oficial. En diciembre de 2024 sus hijos iniciaron un proceso judicial en Donostia, para determinar la responsabilidad de dos policías franquistas que habían participado en los interrogatorios. Sin embargo, el juzgado comprobó que uno de ellos había fallecido y del otro no se tenían noticias, por lo que cerró el caso.

Ahora, con motivo del 75 aniversario de su muerte el 20 de diciembre, la familia, con el impulso de GEBehatokia, ha registrado la solicitud para que el Gobierno Vasco emita un "reconocimiento personalizado de carácter institucional destinado a la rehabilitación de su honor y su justa satisfacción moral".

Este reconocimiento está amparado por la ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. La asociación admite que esta cuestión aún no se ha regulado, pero recuerdan que el lehendakari, Imanol Pradales, utilizó este procedimiento para reconocer al consejero del primer Gobierno Vasco Alfredo Espinosa Orive, el pasado 1 de abril.

Por otro lado, también han iniciado los trámites para el reconocimiento judicial a través de la figura de la jurisdicción voluntaria, regulada por la Ley de Memoria Democrática 20/2022. Se trata de un procedimiento que no implica la persecución penal de los perpetradores "sino la certificación judicial de los hechos".

En palabras de GEBehatokia, "este es el primer caso en Euskal Herria en que se invoca la vía de la Jurisdicción Voluntaria, camino que queremos abrir con el objetivo de abrir la puerta a tantos otros hechos de terror de Estado que permanecen hoy sin una reacción judicial”.