LAB reclama la imputación de otra alta responsable de Osakidetza en el caso de la OPE
El sindicato LAB, personado en la causa judicial abierta por las filtraciones de exámenes en la OPE 2016-2017 de Osakidetza, ha solicitado la imputación de una sexta persona vinculada con la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud y nuevas diligencias de investigación.
En una nota de prensa, la central ha indicado que tras la documentación recibida durante la instrucción consideran que el juzgado debe imputar a Miriam Aparicio Sanz, quien en el momento de los hechos denunciados era la jefa de Servicio de Selección y Provisión, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza.
LAB solicita su imputación por, entre otras cuestiones, avalar el quebrantamiento del anonimato en al menos dos pruebas contraviniendo el manual operativo de la OPE, y reclama que sea acusada por posibles delitos de asociación ilícita, fraude en la contratación y revelación de secretos.
Esta central ya había pedido al Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz el pasado mes junio que imputara por esos mismos delitos a otros cinco altos cargos: el exconsejero de Salud, Jon Darpón, la exdirectora de Osakidetza, María Jesús Múgica; el exdirector y el exsubdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto y Xabier Balerdi, respectivamente, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay.
Además, LAB ha pedido nuevas diligencias como que se cite a declarar en calidad de investigado al jefe de servicio de Traumatología del Alto Deba, así como a dos personas que confeccionaron el primer examen de cirugía plástica y reparadora.
También ha solicitado que vayan a declarar como testigos otras 6 personas, entre ellos José María Armentia, exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza , y ha pedido que se incorpore a la causa diversa documentación.
LAB ha mantenido en la nota que la actuación de la dirección de Osakidetza en la OPE 2016-2017 "es un ejemplo de corrupción en toda regla" y ha asegurado que es "inaplazable" la revisión profunda de los procesos para poner fin a la "impunidad" y tener garantías en las ofertas públicas de facultativos especialistas.
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