La comisión territorial nace con pocas expectativas de reforma constitucional
El PP ha rebajado hoy las expectativas de la comisión territorial, que ha quedado constituida esta mañana en el Congreso, al advertir de que no está entre sus objetivos la reforma de la Constitución sino, simplemente, modernizar y evaluar el Estado autonómico.
Esta comisión, impulsada por el PSOE y presidida por el socialista José Enrique Serrano, se ha conformado, tal y como se preveía, con las ausencias de Podemos y los nacionalistas (PDeCAT, ERC y PNV) y el apoyo de PP y Ciudadanos, aunque ambos partidos han limitado sus aspiraciones de promover una reforma constitucional.
"A lo que viene la comisión es a hablar de la modernización y evaluación del Estado autonómico. Que nadie espere de nosotros otra cosa", ha avisado el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha puntualizado: "No venimos con la idea de reformar la Constitución".
También el portavoz de Ciudadanos en este órgano, Ignacio Prendes, ha dicho llegar con "expectativas a la baja" a esta comisión, y ha criticado que se pretenda preparar "una pista de aterrizaje" a los secesionistas que "han dado un golpe a la democracia".
27 miembros
La comisión territorial, que fue planteada por el PSOE como antesala de la reforma constitucional, está integrada por un total de 27 miembros y cuenta con una mesa integrada exclusivamente por socialistas y populares, ya que Ciudadanos no ha querido participar.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha desacreditado la comisión territorial por entender que "no es el momento más sensato" para ponerla en marcha, cuando los consellers cesados de la Generalitat permanecen en la cárcel.
El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha dejado abierta la puerta a incorporarse más adelante porque "abrir una puerta al diálogo siempre es positivo".
Más pesimista se ha manifestado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, quien ha afirmado que la comisión no tiene recorrido "a no ser que sea en sentido negativo" y ha augurado que puede suponer una "regresión" del Estado de las autonomías.
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