¿Qué es el macrosumario 11/13 y qué se les imputa a los procesados?

El 30 de septiembre de 2013, la Guardia Civil, siguiendo órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, detiene a 18 personas, ordena la entrada, registro y cierre de cuatro locales en el marco de una operación policial contra el colectivo Herrira y ordena la suspensión de actividades por un plazo de 2 años de dicha asociación.

Estas personas pasan a disposición judicial el 3 de octubre de 2013. El Juzgado decreta el ingreso en prisión eludible bajo fianza de cuatro de esas personas, y el resto son puestas en libertad bajo medidas cautelares.

El movimiento Herrira surgió a principios de 2012 con el objetivo de "situar en cauces de solución la situación de las personas presas y exiliadas en el marco de la construcción de la paz en Euskal Herria", según explica el propio movimiento en una dosier.

Herrira llegó a formar más de 250 grupos de actuación en toda la geografía vasca. Durante su corto trayecto, Herrira dio cauce a aportaciones personales y miles de ciudadanos participaron en sus iniciativas, entre ellas: movilizaciones con decenas de miles de personas en Bilbao, la iniciativa 'Plazak bete' con más de 250 iniciativas en las plazas de municipios y capitales, una velada nocturna en favor de la liberación de las y los presos con graves enfermedades, el acto 'Azken Ziaboga' en Donostia-San Sebastián o la marcha itinerante 'Herritarron Epaia' en favor de la derogación de la doctrina 197/2006, también conocida como Doctrina Parot. También articularon numerosas iniciativas en contra la dispersión y sus consecuencias.

Además, el 8 de enero de 2014, la Guardia Civil detiene a ocho personas bajo la orden emitida por el JCI  número 6 de la Audiencia Nacional, entre las que se encontraban tres abogados colegiados y en ejercicio profesional. Estas personas se presentan públicamente el 2 de junio de 2012 como mediadores del Colectivo de Presos/as Político/as Vascos/as (EPPK).

En el marco de este operativo policial se registran varios despachos de abogados, incluido el despacho de un senador.

A estas personas se les prorroga la detención máxima de 72 horas. Tras cinco días de detención, son puestas a disposición judicial y se ordena el ingreso en prisión de todas ellas.

En 2012, las personas que formaban el EPPK (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa) tomaron parte en un debate "con el fin de impulsar el camino emprendido por la izquierda abertzale en favor de las vías políticas y democráticas".

Las personas que forman parte del EPPK no podían reunirse directamente con los agentes políticos, sociales y sindicales. Por tanto, mediante una nota pública, EPPK solicitó que personas que habían trabajado en el ámbito de la defensa de las personas presas, "hiciesen de puente" respecto a los agentes de la sociedad vasca.

Muchas de esas personas, incluyendo las imputadas, realizaron una comparecencia pública en junio de 2012 para anunciar que respondían positivamente al emplazamiento realizado anteriormente por EPPK.

Los procesados en el macrosumario 11/13. Foto: 47ak herrian.

El 12 de enero de 2015, el juez Eloy Velasco, titular del JCI número 6, ordena a la Guardia Civil la detención de 12 abogados/as y el registro de sus despachos profesionales. También son detenidas, además, otras cuatro personas más relacionadas con la asociación Herrira y acusadas de financiar el terrorismo. Los abogados detenidos en esta operación habían denunciado seis meses antes que estaban siendo investigados y mostraron su disposición de personarse ante el Juzgado cuando fueran llamados.

El mismo día la Guardia Civil registra junto a uno de los detenidos relacionados con Herrira la sede del sindicato LAB en Bilbao. Allí, se incauta una suma económica procedente de las donaciones que numerosas personas habían hecho en una cuestación realizada en el transcurso de una manifestación dos días antes en las calles de Bilbao. La manifestación la había organizado el colectivo Sare, que trabaja a favor de los derechos de las personas presas.

En la operación policial se registran, además de la sede del sindicato mencionado, tres despachos colectivos de abogados y varias viviendas y locales relacionados con las personas detenidas. Se bloquean las cuentas personales y profesionales de las detenidas, así como sus bienes personales.

El día 14 de enero son puestos a disposición judicial. Tres personas fueron enviadas a prisión y el resto quedaron en libertad con restrictivas medidas cautelares. El juez Eloy Velasco solicita, asímismo, al Tribunal Supremo que abra diligencias contra el senador y abogado Iñaki Goioaga Llano por los mismos hechos imputados al resto de los abogados.

Las personas que han ejercido como letradas de las y los presos vascos, la mayor parte han desarrollado su trabajo en la Audiencia Nacional, pero también ha alcanzado otras instancias judiciales como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además del "perjuicio personal y profesional" que han supuesto los arrestos e imputaciones, los abogados y abogadas de los presos han denunciado que "se han roto todas las garantías de secreto y confidencialidad necesarias para desarrollar su labor".

Asimismo, han argumentado que "las condiciones impuestas en el marco de la libertad condicional, mediatizaron por completo su trabajo jurídico, perjudicando el derecho a la defensa de los clientes".

Por último, el 25 de marzo de 2015, la Guardia Civil detiene a cuatro personas: dos miembros del Colectivo de Familiares de Presas, Etxerat; y, dos personas del Colectivo de profesionales de la salud, Jaiki-Hadi. Tres de estas personas, son psicólogos en ejercicio. Su labor profesional se desarrolla principalmente en dar asistencia médica a personas presas y sus familiares. Participan también como peritos en aplicación del Protocolo de Estambul a detenidos.

El 27 de marzo de 2015 son puestas a disposición judicial que ordena el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 15.000 euros y con medidas cautelares.

La acusación final dirigida contra estas 47 personas es la de "integración en organización terrorista"; "financiación del terrorismo"; "delito continuado de enaltecimiento del terrorismo" y "quebrantamiento de medidas cautelares". Según el escrito de acusación, se solicita un total de 602,2 años de prisión para la totalidad de las personas encausadas.

Los hechos que la fiscalía califica como delictivos se enmarcan dentro de la actividad que realizan cada una de estas personas como "defensoras de los derechos humanos": asistencia a reuniones, declaraciones públicas, apariciones en ruedas de prensa, reuniones con agentes políticos, sociales y sindicales; visitas a personas presas.