El Congreso vota hoy la reforma de la estiba bajo amenaza de huelga
El real decreto-ley de reforma de la estiba, aprobado por el Gobierno español el pasado 12 de mayo, se someterá este jueves a la votación del Congreso en un pleno extraordinario, con el respaldo del PP, Ciudadanos, PNV y la abstención de PDeCAT y bajo una nueva amenaza de huelga en los puertos.
Se trata del segundo intento del Ejecutivo de Rajoy de sacar adelante la reforma de la estiba, exigida por la Unión Europea (UE), después de que el primer decreto-ley por el que se liberalizaba el sector fuera rechazado por el Congreso hace dos meses.
El Gobierno español cuenta con el voto a favor del PNV, que apoyará este jueves el nuevo texto, al igual que hizo en la votación de marzo pasado, y de Ciudadanos, que se abstuvo en el trámite parlamentario anterior, además de la abstención de PDeCAT, que votó en contra del primer documento.
Una vez terminadas las votaciones de los asuntos debatidos, se suspenderá la sesión, para celebrar un segundo pleno, en el que se debatirá la convalidación de la modificación del régimen de los estibadores, para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria contra España dictada en 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Ejecutivo ha introducido algunas modificaciones al texto, fruto de la negociación con PDeCAT que suponen, según los sindicatos, algunos avances en cuestiones como la formación, el mantenimiento de los ámbitos y la eliminación del incentivo a los contratos de menos de siete días de duración, y ha adjuntado al real decreto-ley el acta de mediación de la negociación entre patronal y trabajadores.
Pese a ello, han convocado ocho jornadas de huelga alternas (lunes, miércoles y viernes) en horas impares entre el 24 de mayo y el 9 de junio, ya que, según explican, el decreto-ley "esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva".
A su juicio, el decreto-ley no cumple con la principal demanda de los estibadores, prometida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de garantizar el empleo de los actuales trabajadores y se sienten "una vez más engañados".
También la patronal Anesco lamenta no haber podido participar en el proceso para la aprobación y convalidación del decreto-ley.
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