Stop Desahucios denuncia que quieren dejar fuera de Etxebide a las rentas más bajas

La plataforma Stop Desahucios de Euskadi ha denunciado que "el proyecto de decreto que prepara el Gobierno Vasco pretende triplicar los ingresos mínimos para inscribirse en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide, y cargarse definitivamente el derecho subjetivo de la Ley de Vivienda Vasca".

Stop Desahucios lamenta, en una nota, que en el momento actual, en el que el foco estaba puesto "en las bondades del sistema de adjudicación" de viviendas del Gobierno Vasco para "trasladarlo a otras administraciones", la Consejería de Vivienda haya "sorprendido" a todos los interesados con "dos bombas de relojería" que "hacen saltar por los aires todas estas bondades".

La primera de estas "bombas", según este colectivo, es que "se pretende endurecer el acceso al registro de Etxebide de solicitantes de vivienda protegida, incrementando los ingresos mínimos para acceder tanto a propiedad como a alquiler", mientras que la segunda pasa por el hecho de que "reservar cupos de viviendas para unidades familiares que no son beneficiarios del derecho subjetivo atenta" contra la "prioridad" por "antigüedad" de inscripción.

Según Stop Desahucios, en el caso del alquiler, "el único refugio y esperanza para las familias con escasos recursos para acceder a un techo y donde la demanda se había multiplicado exponencialmente, pretenden triplicar esos ingresos mínimos de 3.000 a 9.000, para viviendas de protección oficial de régimen general y de alojamientos dotacionales".

Además, ha criticado que el Gobierno Vasco parece "no haber entendido, o lo saben muy bien y no quieren aplicarlo, qué significa que las familias sean beneficiarias de un derecho subjetivo a una vivienda, porque la esencia de este mismo derecho subjetivo es precisamente la de establecer prioridades dentro de los inscritos por antigüedad, ingresos y miembros de la unidad familiar y otorgarles de forma prioritaria una vivienda, como han hecho hasta ahora con las que tenían, o una prestación objetivamente suficiente para acceder al mercado libre de alquiler, al más caro de España, no los 250 euros sin tener en cuenta ni los ingresos, ni los miembros de la unidad familiar ni las rentas que se pagan".

"Reservar cupos de viviendas para unidades familiares que no son beneficiarios del derecho subjetivo atenta contra esa prioridad y sería claramente reclamable ante los tribunales por ir contra la Ley. Que el PSE-PNV modifiquen la ley si no creen en ella, pero que no nos tomen el pelo", ha advertido Stop Desahucios Euskadi.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno Vasco "dedica más tiempo a tratar de tapar la entrada a más familias necesitadas a un techo que a construir más viviendas sociales".

También ha considerado "excesivo" el límite máximo de 39.000 euros de ingresos para la compra de VPO, por considerar que "estos ingresos no deberían tener problemas para acceder al mercado libre tanto de compra como de alquiler". A su entender, "no debería haber unos ingresos mínimos, sobre todo para proteger a esas familias que en un momento dado pueden perder la RGI por cualquier motivo que no sea fraudulento".

"Utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance, incluso los judiciales, para evitar que trafiquen y utilicen nuestros derechos como moneda de cambio para otros fines y vigilaremos, como llevamos haciendo hasta ahora, los presupuestos futuros", ha advertido Stop Desahucios Euskadi.