El Gobierno de Navarra y Grupo Testa cierran un acuerdo para alquilar 392 viviendas
El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra y el Grupo Testa han llegado este martes a un acuerdo para el alquiler de 392 viviendas en Pamplona a sus actuales inquilinos, después de haber vencido el plazo de calificación de las mismas y pasado a ser viviendas libres. Así, según ha explicado en rueda de prensa el consejero José María Aierdi, la propiedad firmará un nuevo contrato con sus actuales inquilinos, por siete años y con un precio máximo de 650 euros mensuales para los pisos de tres dormitorios; y menor para los de dos y un dormitorio.
Ese nuevo contrato, con efecto retroactivo al pasado 1 de enero, conllevará por parte del Gobierno una reforma legal, para poder prorrogar las subvenciones que han recibido estas familias mientras han disfrutado de un alquiler social. Esas subvenciones han sido de entre el 25 y el 75 por ciento, la inmensa mayoría de ellas.
Se trata, ha precisado Aierdi, de que el incremento del alquiler que aplicará el Grupo Testa con ese límite de 650 euros mensuales lo soporten vecinos y Gobierno en la misma proporción que hasta ahora; eso tendrá un coste para el Ejecutivo de unos 100.000 euros anuales. Si hubiera algún caso en el que el inquilino no pueda hacer frente al nuevo arrendamiento, cabe estudiar soluciones en otras viviendas o a través de los Servicios Sociales.
Una vez cerrado el acuerdo, los inquilinos de estas 392 viviendas recibirán una carta de la propiedad, planteándoles la firma del nuevo contrato. Dicha carta dejará sin efecto un escrito anterior, en el que se les informaba de nuevos alquileres de hasta 750-800 euros mensuales.
El reto, un parque de vivienda propio del Gobierno de Navarra
Para el futuro, el consejero ha dicho que el reto es crear un parque de vivienda propio, que evite situaciones como esta. Hasta que eso sea posible, se están tomando medidas, que van desde el programa Emanzipa para jóvenes, o la bolsa de alquiler, a las negociaciones con promotores propietarios de edificios cuya calificación de protección oficial ha perdido la vigencia. Eso ha sucedido con estas 392 viviendas, y con otras 400 que se encuentran en la zona de la Ribera.
De hecho, desde 2016 hasta finales de 2020, serán en total 900 las viviendas que pierdan la calificación, aunque en parte de ellas la decisión de los propietarios ha sido la de prorrogar los alquileres anualmente de manera tácita. No obstante, el consejero ha puesto en valor "la estabilidad" que da a las familias disponer de un contrato a más largo plazo.
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