Investigan posibles pactos de precios de notarios y sidreros
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) está investigando si el Colegio Notarial de Euskadi y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa (sidra) han hecho una "recomendación colectiva de los precios" en sus respectivos campos de actuación.
Así lo ha desvelado este lunes la presidenta de la entidad, Alba Urresola, quien ha comparecido en comisión parlamentaria para presentar el Plan de Acción de la AVC para 2023 y la memoria de actividad de 2022, ejercicio en el que la entidad celebró su décimo aniversario.
Urresola ha explicado que en este momento trabaja en cuatro expedientes sancionadores, uno de los cuales se incoó en 2022 y está ahora en fase de instrucción. Se refiere a las licitaciones de la empresa informática del Gobierno Vasco, EJIE, y en él hay 13 empresas investigadas por posibles prácticas colusorias.
Los otros tres expedientes se han abierto este 2023. Uno de ellos investiga si el Colegio Notarial del País Vasco ha planteado una "conducta de recomendación colectiva en los precios de las escrituras o pólizas notariales" en las moratorias de préstamos por el covid.
También por un posible pacto de precios se ha abierto un expediente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa. El otro expediente se ha incoado a las sociedades Furesa y Memora por un posible abuso de posición de dominio en el mercado funerario en Villabona.
El año pasado la Autoridad Vasca de la Competencia trabajó en 124 expedientes, se investigaron 31 asuntos y se tramitaron 6 expedientes.
El ejercicio terminó con cuatro sanciones en asuntos que se arrastraban de 2021: la investigación a 36 inmobiliarias de Bilbao por comisiones cobradas por el alquiler, a una empresa de fumigaciones por abusar de su posición "monopolística", a dos empresas funerarias de Gipuzkoa por abuso de posición de dominio, y a dos empresas que pactaron durante cinco años licitaciones del Ayuntamiento de Bilbao.
En total el año pasado la Autoridad Vasca de la Competencia impuso multas por valor de 252.000 euros (en 2021 la cuantía fue de 114.000 euros).
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