Euskadi recuperará 1.000 viviendas descalificadas como VPO a partir de septiembre

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado que en septiembre comenzará un proceso para recuperar 1 000 viviendas que perdieron su calificación de protegidas (VPO). Se trata de viviendas inicialmente calificadas como protegidas, pero al estar construidas en suelo público bajo el régimen de derecho de superficie, con el tiempo perdieron esa condición y pasaron al mercado libre.

Según ha detallado, la medida se basará en la venta del derecho de superficie a los actuales propietarios, quienes a cambio deberán aceptar la recalificación permanente de sus viviendas como VPO.

Esta iniciativa, según Itxaso, se trata de una decisión "estratégica" que permitirá reforzar el parque protegido de vivienda de Euskadi y al mismo tiempo ingresar alrededor de 20 millones de euros, que se destinarán íntegramente a la construcción de nueva vivienda pública en régimen de alquiler.  El valor medio que deberán abonar los propietarios se sitúa en torno a los 20 000 euros por vivienda.

La normativa vigente desde 2003 establece la protección de forma indefinida, lo que afecta hoy a 9 445 viviendas en Euskadi: 4 619 en Bizkaia, 3 478 en Gipuzkoa y 1 348 en Álava.

El departamento calculará el valor total del edificio aplicando el precio máximo vigente de VPO y sobre ese valor total tasado se aplicará un coeficiente del 10 % por el precio del suelo. Dicho valor se repartirá proporcionalmente a cada inmueble según su cuota de participación.

Itxaso ha defendido la medida como una respuesta a la "urgencia del presente” por el tensionamiento del mercado de vivienda. Actualmente, Euskadi cuenta con 65.304 inmuebles con carácter público.

Esta fórmula ya se utilizó en el pasado con resultados dispares, logrando, hasta la fecha, la venta del suelo de 4 591 viviendas. En esta ocasión, el Ejecutivo quiere evaluar el impacto real con una fase inicial limitada a 1 000 pisos, con posibilidad de ampliación futura.

Una vez recalificadas, estas viviendas no podrán venderse por precios distintos a los fijados por el Gobierno Vasco y tendrán que seguir el procedimiento de venta determinado por este. No obstante, quienes las adquieran en el futuro obtendrán una propiedad plena, ya que incluirá también el suelo.