El Gobierno de Grecia endurece su legislación migratoria por tercera vez en dos años

El Parlamento griego ha aprobado este viernes una nueva ley sobre migración, la tercera en los dos años de Gobierno conservador, que facilita las deportaciones, penaliza las operaciones de rescate de ONG en el mar y facilita los permisos de residencia para nómadas digitales.

La ley fue aprobada con los votos de la Nueva Democracia, que dispone de mayoría absoluta en el Parlamento. "No aceptaremos que Grecia vuelva a ser, como en el periodo 2015 a 2019, la puerta de entrada a Europa para migrantes ilegales", aseveró en su discurso el ministro de Migración, Notis Mitarakis, en respuesta a las críticas de los partidos de oposición socialdemócrata e izquierdas.

El ministro afirmó que en la crisis en Afganistán, la Unión Europea está comprometida a no repetir los errores de 2015, y pondrá en marcha acciones de ayuda humanitaria para evitar nuevos flujos migratorios.

Además, aseguró que gracias a la política de mano dura que aplica el Gobierno, las llegadas a las islas del Egeo de migrantes se han reducido un 93 % entre 2019 y 2020, y un 25 % entre 2020 y 2021.

Una de las disposiciones más controvertidas de la nueva ley es la que permite a la Policía deportar a todo migrante que sea detenido tras entrar ilegalmente en el país, si no solicita inmediatamente protección internacional o si ésta le es denegada, sin necesidad de que las autoridades competentes de asilo se pronuncien sobre ello, lo que en la práctica legaliza las devoluciones en caliente, según sostienen los críticos.

Desde hace varios años Grecia está en el punto de mira de las organizaciones humanitarias que acusan al Gobierno de devolver a Turquía a refugiados que llegan en el país por tierra y mar, sin permitirles pedir protección internacional.

El Gobierno sostiene que lo que hace es proteger la frontera europea de entradas ilegales. Además, la ley solo permite que las ONG asistan a la guardia costera en las operaciones de rescate, pero les prohíbe actuar por su cuenta y participar en el salvamento en sí.

En el caso contrario, los tripulantes del barco de la ONG serán condenados a una pena de un año de cárcel mínimo y a una multa de entre 500 y 1 000 euros. La multa para la ONG puede oscilar entre 3 000 y 6 millones de euros.

Se restringe, asimismo, la posibilidad de los demandantes de protección internacional de presentar recurso contra una decisión negativa del Servicio de Asilo. Según la nueva disposición, un recurso se puede presentar solo a través de un abogado.