En EE. UU. se da por fracasada la política migratoria de Biden

El final de las expulsiones automáticas justificadas por el covid y las repetidas crisis en distintos países de América Latina han hecho aumentar el flujo de inmigrantes ilegales a la frontera sur de Estados Unidos, mientras que las vías legales promovidas por la Casa Blanca no han logrado hacer desistir a los candidatos a la inmigración.

Después de los años Trump, Joe Biden quería una actitud más humana hacia los inmigrantes que llegan a la frontera sur. Tres años después, el número de llegadas de ilegales está en su nivel más alto. Bloqueado por un Congreso dividido, la Casa Blanca no ha logrado solucionar uno de los asuntos principales de la pasada campaña presidencial.

En el último trimestre de 2023, tuvieron lugar 989 000 detenciones de ilegales en todo el país, el 80 % de ellos en la frontera con México, una proporción mayor que en el conjunto de 2023, que ya registró un récord, con 3,2 millones de llegadas de ilegales, unos 2,5 millones en la frontera sur del país, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

"Bajo esta administración, hemos expulsado a la mayoría de las personas que hemos encontrado en la frontera sudoeste", ha recordado Blas Núñez-Neto, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Interna.

Pero el número de expulsiones ha caído tras la extinción del Título 42 de la ley de inmigración, un dispositivo que permitía hasta el pasado mes de mayo la expulsión de los ilegales sin un procedimiento en nombre de la lucha contra el covid. Entre mayo y diciembre de 2023, 472 000 ilegales fueron expulsados a México o a sus países de origen, cuando el número total de arrestados en ese periodo fue de 2,4 millones. Es decir que dos de cada tres inmigrantes (63,5 %) se beneficiaron de una "liberación humanitaria"; según las cifras de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Tras la extinción del Título 42 y la vuelta a la antigua regla para gestionar la frontera, se concede más tiempo a los demandantes de asilo, mientras que a lo largo de la frontera sur no hay más que 21 000 plazas en los centros de detención, y la mayoría republicana del Congreso instrumentaliza el problema para bloquear nuevos medios para actuar.

La Administración Biden había esperado disuadir a los candidatos a inmigración, que tomaban las rutas peligrosas de América Central, instaurando vías legales y ofreciendo a los que las utilizaban un permiso de residencia de dos años. El dispositivo ha funcionado parcialmente, ya que 327 000 inmigrantes han utilizado estas vías. Pero esta cifra es muy inferior a la de los que han seguido utilizando las rutas peligrosas para llegar a Estados Unidos.